Las denuncias o reseñas periodísticas sobre males recurrentes en nuestra sociedad tienen el inconveniente de que de tanto repetirse, pierden interés noticioso y dan pie a que la gente vea el problema como algo normal, y termine acostumbrándose al mismo.

Este fenómeno se presenta en el caso de los embarazos a niñas y adolescentes que ubican al país en un vergonzoso lugar de supremacía en América Latina y que lejos de disminuir sus ocurrencias, siguen en aumento en detrimento de las víctimas, la familia y la sociedad.

Entre los múltiples factores que determinan este mal social está la falta de educación sexual en nuestros hogares y en nuestras escuelas. El primer caso es difícil de resolver por desconocimiento de los padres, pero el segundo es una obligación que el Estado ha asumido tímidamente.

Recientemente dos destacados profesionales de la pedagogía y la siquiatría trajeron a colación el tema, señalando que el Ministerio de Educación tiene engavetado, desde hace diez años, un programa de educación sexual diseñado para ser impartido en las escuelas.

Aunque en principio se alegó la falta de recursos económicos, este argumento actualmente queda invalidado por los cuantiosos fondos que aporta a la enseñanza pública el 4% del PIB, razón por la que la educadora María Teresa Cabrera y el siquiatra José Miguel Gómez, reviven el expediente.

Señalan que el programa fue estructurado en módulos y que solo falta empezar a imprimirlo. Particularmente pienso que si fue elaborado hace tantos años, se debe someter a una revisión de actualización y debate que lo enriquezca para su inmediata aplicación al margen de consideraciones religiosas.