En el plazo de más de 50 años, contado a partir del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, la República Dominicana ha llevado a cabo una notable transición de una cruel dictadura a una democracia en pleno funcionamiento. Cualquier extranjero, que hubiese conocido nuestro país en los años oscuros del trujillato, se sorprendería ante lo mucho que la sociedad dominicana ha cambiado al amparo del disfrute de las libertades públicas y de la reafirmación constitucional de la autonomía universitaria y del derecho a la educación de todos y cada uno de sus ciudadanos. Esos y otros cambios han modificado el entorno operativo y ético de todo el Sistema Dominicano de Instrucción Pública; también, ha colocado a nuestras instituciones públicas de educación superior, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre todo, frente a nuevas oportunidades, desafíos y obligaciones.

Del mismo modo, han impuesto a los gobiernos que se han sucedido, incluyendo al actual del presidente Danilo Medina, el deber y la obligación de aflojar los lazos sofocantes con que en un pasado no tan lejano se asfixiaba a la Universidad estatal. Y a nosotros, rectores, catedráticos y gestores de universidades, la obligación de incluir la calidad como premisa inseparable de cualquier planteamiento. Es que las instituciones de educación superior no existen en un mundo de abstracciones sino en uno que las rodea, y que, en último extremo, determinan su importancia, alcance y viabilidad,

La matrícula en la educación superior en la República Dominicana ha crecido de manera espectacular, pasando de menos de 2 mil estudiantes en 1960, a más de 440 mil educandos en el año 2010, colocándonos en el onceno lugar entre los países de la América española en cuanto al crecimiento de la matricula de educación superior se refiere. Lo mismo ocurre en relación al número de instituciones. En 1960, aquí sólo existía la Universidad de Santo Domingo; hoy, disponemos de 41 instituciones de educación superior: 31 universidades; seis institutos de estudios especializados; y cuatro institutos técnicos. Pero, no hemos podido evitar los desequilibrios provocados por ese crecimiento en lo referente a la calidad de la enseñanza junto a una serie de conflictos difícil de resolver.

En la actualidad, enfrentamos el desafío de cómo mantener y mejorar la calidad de la educación superior sin desconocer el derecho de todos de tener acceso a la misma. Para los que profesan una ideología política diametralmente opuesta a la que profesamos nosotros, la solución a dicho problema no es tan difícil; según ellos, bastaría con reprimir el crecimiento descontrolado del número total de estudiantes matriculados, elevando las exigencias para su admisión.

No debemos limitar nuestras preocupaciones únicamente al proceso de acceso de estudiantes egresados del nivel medio a las aulas universitarias; también, debemos de llevar a cabo un acabado seguimiento de sus estudios a través de programas de tutorías altamente especializados que monitoreen su vocación y formación profesional, hasta desembocar en la entrega de un título logrado por la vía de la superación y el estudio claramente diseñado y bien comprendido.

La Universidad como institución, debe asegurase que el futuro profesional sea necesario y útil a su país o a la comunidad a la cual pertenece. Debe de disponer de una oferta académica diversificada, acorde con el mundo en que vivimos, caracterizado por el avance de un desarrollo tecnológico irrefrenable. Para lograr esto y más, la institución universitaria debe de impulsar una carrera académica con el objetivo de contar con una planta de docentes contratados a tiempo completo, integrada por catedráticos que entiendan que su misión no es tanto la de enseñar sino la de contribuir al aprendizaje y formación de sus estudiantes.