Hay una pregunta capital que atraviesa toda la reflexión sobre la cuestión del gobierno: ¿de dónde proviene la autoridad de unos pocos para gobernar sobre la mayoría? La respuesta que ofrece el constitucionalismo surgido de las grandes revoluciones burguesas de finales del siglo xviii es que esa autoridad solo puede provenir del consentimiento de los gobernados.

¿Cómo debe expresarse ese consentimiento? O, más concretamente, ¿Cuál es la forma en que debe ser elegido el Presidente de una República que, sin experiencia equivalente que les sirviera de modelo, estaban diseñando los Padres Fundadores de EE.UU. en la Convención Constituyente de 1787? La pregunta se convirtió en una auténtica pesadilla para los 55 integrantes de una Convención que, al momento de adoptar tan trascendente decisión, desfallecían de agotamiento tras todo un verano de intensos debates.

La opción de un Ejecutivo electo por la legislatura nacional fue la solución preferida durante el más largo trayecto de la Convención. Como ha sostenido el influyente politólogo Robert Dahl, se trató de un intento pora adoptar una suerte de versión republicana del sistema parlamentario, entonces en proceso larval en Gran Bretaña.
La sistematización que ofrece Dahl del debate convencional, para poner de relieve la fuerza que tuvo esa propuesta es como sigue: La Convención se había instalado el 2 de julio del año 1787 y apenas dos semanas después, el 17 de julio, la influyente representación del Estado de Virginia presentó formalmente esa propuesta. No solo fue aprobada, sino que lo fue a unanimidad. Sometida nuevamente a discusión volvió a ser aprobada en las sesiones del 24 y el 26 de julio. Solo durante la sesión del 19 de julio, en lo que Dahl califica de “un enigmático giro”, obtuvo mayoría una opción distinta a la de un Ejecutivo electo por la legislatura nacional: por el voto de los representantes de 6 Estados contra 3, y Massachusetts dividido, ganó una opción alternativa: la de que el ejecutivo fuera electo por electores designados por las legislaturas estatales.

El 6 de agosto, un Comité de Detalles al que había sido remitida la cuestión para estudio, se pronuncia en favor de la opción de la elección por vía de la legislatura nacional. El 4 de septiembre, luego del fracaso de dos opciones alternativas, un nuevo Comité de Detalles se pronuncia en favor de un Ejecutivo electo por electores designados por las legislaturas de los Estados. El día 6 de ese mismo mes de septiembre, ya en la etapa final de los trabajos de la Convención, con una votación de 9 estados a favor y 2 en contra, la Convención decide que para la elección del Ejecutivo “cada Estado designará, de la manera en que cada legislatura lo decida, un número de electores igual al número total de senadores y representantes al cual el Estado pueda tener derecho en el Congreso”.
La inesperada aprobación de esa forma de elección es el punto de partida del Colegio Electoral, esa anomalía que hace que la elección presidencial no recaiga directamente en el pueblo, que ha permitido que en cuatro ocasiones un candidato con menos votación popular que su principal contrincante se convierta en Presidente de los Estados Unidos, o que un candidato gane con una minoría de votos populares.
Pese al empuje que tuvo, el rechazo de la elección por la Legislatura Federal se explica, a la postre, por la preocupación de tener un Presidente atado a los designios del Congreso. De su parte, la opción de una Monarquía no estaba contemplada, más allá de las reminiscencias aristocráticas de Alexander Hamilton. Y la desconfianza en la elección directa era palpable: “muchos se mostraban inquietos aun por una elección inmediata del pueblo” consigna en sus notas sobre el proceso el Gobernador Morris, de Pennsylvania.

La dificultad material que supone la súper mayoría necesaria para la reforma constitucional, junto a la oposición de los pequeños estados, han impedido la abolición del Colegio Electoral. La misma fue propuesta por el Senador Norris y fue aprobada por el Senado en 1949, pero rechazada por la Cámara. En 1969 fue aprobada una resolución de abolición por la Cámara, pero esta vez la rechazó el Senado.

Esta cuestión sigue atenazando el debate académico, abrumadoramente favorable a la eliminación del Colegio Electoral, pues el principio de “un ciudadano un voto” se esfuma con este mecanismo. Mientras tanto, lo reñido del actual proceso abre de nuevo la posibilidad de una elección en que el voto electoral se imponga ante el popular. Esperemos.