Hay que reconocerlo. Para apoderarse de la mayor parte de lo poco que produce la sociedad haitiana, mantenerla ignorante y postrada en la miseria extrema, la élite que gobierna ese país, que sabe reciclarse cada cierto tiempo, ha tenido éxito confundiendo temas puntuales coyunturales con la histórica falta de dinamismo de la economía.

Como ahora, que explotando favorablemente la condición de pobreza y con una amplia campaña diplomática, lograron deteriorar la imagen del país en el exterior, los dominicanos observamos cómo cada día es mayor el rechazo a una sentencia que nunca debió firmarse, que de manera retroactiva desconoce derechos adquiridos por hijos de inmigrantes que nacieron aquí, la mayoría descendientes de cortadores de caña. Sentencia que tiene defectos estructurales, intenta el imposible de perseguir objetivos encontrados al mismo tiempo, como ordenar la creciente carga migratoria heredada de la tiranía de Trujillo, de los gobiernos de Balaguer y de los de Leonel Fernández, que debió iniciarse con la nueva Ley de Migración del 2004, pero que Leonel no quiso por intereses electorales, para ahora ser uno de los redactores de la mencionada sentencia.

La pérdida de imagen del país es comparable con lo que sucedió en 1960, cuando Venezuela pide a la OEA que se investiguen las violaciones de derechos humanos de la dictadura de Trujillo. En aquella ocasión Trujillo se negó a recibir la Misión de la OEA, era lo que querían y recomendaron los extremistas al Presidente Danilo Medina hiciera con la poderosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero Medina, sabedor de que no tenemos una posición de fuerza, que poco o nada podemos alegar en favor de la retroactividad, actuó con prudencia, recibió a los comisionados y con atención escuchó sus conclusiones.

Posiblemente evitó sanciones económicas al país, sucedió en 1960 cuando el Presidente Eisenhower, apoyado en la condena de la OEA, retuvo un embarque de azúcar dominicana vendido a precio preferencial con un valor de US$22,750,000, equivalentes a 2.5% del PIB de ese año.

Como sucede cada vez que hay diferencia entre los dos países, la élite que gobierna Haití obtendrá ganancias particulares de la sentencia, ahora quieren crear escasez artificial para aumentar los precios de los productos dominicanos que llegan a su territorio. Dicen que somos sus verdugos porque exportamos 95% del intercambio total que totalizó US$1,200 millones en el 2012, lo que es cierto, pero también lo es que del oeste recibimos inmigrantes indocumentados de los estratos más humildes, que trabajan aquí y remiten dólares a sus familiares por un valor que supera el déficit comercial bilateral, haciendo negativa la balanza de pagos bilateral para los dominicanos (ver Banco Mundial, “Haití y República Dominicana, 2012”).

Políticos y empresarios de Haití, que son inmensamente ricos, con la sentencia lo serán mucho más, mientras los pobres pagarán el costo, esa y no otra ha sido la historia. Basta revisar el ingreso per cápita del haitiano, similar al del dominicano en 1960, mientras el nuestro aumentó cuatro veces cincuenta y tres años después, el del haitiano retrocede, ahora es dos veces más pobre, su economía apenas creció 1% y la población se expandió a una mayor tasa.