Con un país virtualmente tomado por el cuello en materia de salud y mortalidad a causa de la Covid-19 y por los graves constreñimientos económicos y sociales acarreados por la enfermedad, el Poder Ejecutivo debe conservar las prerrogativas excepcionales que le han estado permitiendo aplicar restricciones que propician o dan obligatoriedad a los distanciamientos físicos. Ahora que la desescalada está presionada por la renuencia de mucha gente a acogerse a las reglas que deben prevenir contagios mientras las ciudades cobran vida, los ejercicios de autoridad tienen más razón de ser. Quizás más que antes.
Preocupa que núcleos partidarios se resistan a enfocar este azote viral como un problema a vida o muerte para la nación; que no es para demorar los esfuerzos por combatirlo colocándose en barricadas, disidencias y afanes mediáticos que (!oh coincidencia!) transcurren en un tiempo electoral que algunos consideran ideal para destacarse combativamente. De otro lado es criticable que en contraposición el oficialismo no procure concertar con sus adversarios políticos el papel que debe jugar el Estado en la presente situación, en diálogo de altura institucional sin renunciar a poderes constitucionales; con la nación como causa fuera de toda subordinación a banderías. De hecho, sin transacciones no habría las periódicas extensiones del estado de emergencia aceptadas consensualmente como sacrificio ineludible.

Racionalidad y prioridades

Tanto el ingreso como la demanda de divisas atraviesan por anormalidades transitorias que presionan al alza por la crisis global del coronavirus. Reprobables son los afanes por adelantarse a poseerlas para operaciones futuras o para defenderse de la depreciación del peso RD. El Banco Central tiene bien medidos los factores desfavorables y reclama moderación. Que los agentes de la economía demanden dólares para cubrir necesidades presentes y de prioridad. Alto al gasto importador superfluo poniendo límites a importaciones extravagantes de mobiliarios que valen fortunas, exquisiteces diversas y automóviles que por sus altísimos costos deben estar penalizados aduanalmente, por lo menos. En función de su tamaño y nivel de riquezas, República Dominicana siempre sorprende por la mucha adquisición de los vehículos más caros del mundo.