Una vez lo dije en un artículo anterior; “que este gobierno no aprieta, ahorca”. La nueva muestra que tenemos al respecto se evidencia con este brote de algunas opiniones en contra de la energía solar que nos deja perplejos y asustados.

Mientras, todo el planeta va a favor de las energías limpias, ahora, aquí, en vez de una alternativa positiva, el Estado ve los paneles solares como una amenaza para sus recaudaciones, y como siempre, la carga recae sobre la clase media que vive buscando un respiro para poder sobrevivir, invirtiendo en soluciones que les ayude a bajar sus costos fijos en un mediano plazo, como también, en empresas que se pueden beneficiar de la luz solar para amortiguar su consumo eléctrico y equilibrar sus gastos.

La realidad es que el gasto público y el gasto tributario ya está siendo afectado desde la década de los noventas por el subsidio eléctrico en términos presupuestarios, y, por las exenciones fiscales relacionadas con esta falencia operativa conocida como “el infame déficit eléctrico”. Este subsidio, que en la práctica compite en espacio con otros gastos de mayor importancia social dentro de la recaudación impositiva, como: salud, vivienda, educación, seguridad, agua y saneamiento, que representan el verdadero problema para la población que financia el gasto publico en su totalidad.

Estamos evidentemente ante un conflicto de enfoque de las prioridades en la inversión pública o de una visión distorsionada del verdadero orden del discurso.

Anda en el ambiente fomentar la idea de cambiar la reglas del juego en el marco actual de regulación de energías alternativas, que se hizo bajo la premisa de incentivar el uso de las mismas, y que gracias a la evolución tecnológica, se ha hecho cada vez más asequible, lo que ha permitido, que cada vez más familias y comunidades apuesten a su uso, incurriendo en préstamos para hacer inversión en paneles solares, empezando ahora a ver el fruto de su inversión, pero, la industria leonina de la generación de energía tradicional -que lo quiere todo- ve una amenaza donde no está, porque al final, el país sigue gastando una cantidad considerable de recursos del contribuyente en un sector que en los últimos cuatro años viene bajando su eficiencia en todos los indicadores que miden el desempeño del servicio de generación de energía no alternativa.

El subsidio eléctrico, que la administración del gobierno anterior logró bajar a 611 millones de dólares en 2019, en los datos disponibles del año 2022, se muestra un ascenso a 1,803 millones de dólares, es decir, 195% MÁS. Un incremento que no se ve registrado, en este intervalo, ni en educación, ni en salud, ni en vivienda, ni en seguridad.

Pero ¿Y qué más quieren? ¿Será que también se apoderarán del aire que respiramos?

En los edificios donde las familias no tienen espacio para paneles solares, algunas asociaciones de vecinos han optado por hacer un esfuerzo colectivo e instalarlos para generar la energía de áreas comunes, y así bajar un poco la tarifa de mantenimiento, compensando de tal modo la carga de pagos fijos.

Pero, por lo que vemos, la felicidad legítima vive en constante amenaza, porque cada vez que encontramos una manera de sobre vivir a los altos costos de los servicios que recibimos, y además, sentirnos que estamos colaborando con el medio ambiente, viene una amenaza de amargarnos la vida.