Nadie puede dudar de que la electricidad es una necesidad colectiva y esencial en las sociedades de hoy, ya que son escasas las actividades humanas que no requieren de la energía para su desarrollo pleno. Tanto es que existen estudios y decisiones jurisprudenciales que reconocen el acceso a la electricidad como un derecho fundamental, como lo puede ser la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0372/16, dictaminó que:

“el servicio de energía eléctrica, al igual que el servicio de agua potable, es uno de los servicios públicos domiciliarios esenciales, en razón de que en la actualidad éste tiene una fuerte influencia sobre la calidad de vida de las personas, por lo que los mismos pueden ser tutelados por el juez de amparo cuando la suspensión de estos se produzca de forma arbitraria e injustificada por parte de las empresas que lo suministran, de tal suerte que la existencia de otras vías no resulten idóneas para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.”

Para dicha garantía del servicio de energía eléctrica, el sector eléctrico debe estar regulado bajo la función de objetivos de interés general o público, en la promoción y la defensa del interés colectivo que se corresponde con la obligación del Estado y la aspiración social que lo demanda. De igual forma, para proteger los mercados de las debilidades que pueden surgir en su mismo seno, donde la mayor preocupación es la de evitar las posiciones de poder cuando se trata de un régimen de competencia.

Por esas razones, la regulación estatal responde a la naturaleza del servicio: la electricidad es un bien estratégico y esencial. La experiencia internacional demuestra que dejar su gestión únicamente a las fuerzas del mercado conduce a ineficiencias, tarifas desproporcionadas y exclusión social. Por ello, corresponde al Estado establecer el marco normativo que oriente la generación, transmisión y distribución bajo reglas claras, con criterios de transparencia y competencia leal.

Pero regular no significa solo dictar leyes. El Estado debe convertirse en garante del acceso universal, velando porque el servicio llegue con calidad y precios razonables a toda la población, incluso a los sectores más vulnerables. Una regulación eficiente implica diseñar políticas tarifarias equilibradas, que reconozcan la sostenibilidad financiera de las empresas, pero que al mismo tiempo protejan al ciudadano de cargas desmedidas.

Otro aspecto crucial es la planificación. La electricidad no se improvisa: requiere inversiones a largo plazo, expansión de redes y diversificación de la matriz energética. Aquí, el rol estatal se convierte en estratégico, al impulsar fuentes renovables, fomentar la eficiencia energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles. No se trata solo de iluminar ciudades, sino de asegurar un sistema que resista crisis internacionales, que se ajuste a los compromisos ambientales y que garantice seguridad energética.

En ese aspecto de improvisación, como ocurrió recientemente cuando se emitió la “emergencia energética”, con el Decreto 517-25, vemos que el Estado no cumple con su papel de estudiar la previsión de la demanda, la cual ocasiona una falta de planificación de la generación energética que debe ser necesaria, que la falta de energía no ocurre de un día a otro, es el efecto crónico de la inacción para suplir en ese sector.

Con esas fallas generadas por la improvisación, nos alejamos cada día más de cumplir uno de los objetivos contemplados en la Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su Objetivo 3.2.1, establece que se debe Asegurar un suministro de electricidad a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental, donde un punto clave es la planificación e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

Al no cumplir el Estado con su obligación de garantizar el servicio público esencial como lo es la electricidad por culpa de la falta de planificación, transgrede de manera implícita el acceso a la energía eléctrica que no es un privilegio, es una condición indispensable para la dignidad humana y el diario vivir de la sociedad.

Garantizar este derecho del servicio y acceso a la energía eléctrica implica planificación, regulación efectiva y protección social. Pero sobre todo exige voluntad política para transformar un sector que históricamente ha sido rehén de la improvisación y el clientelismo.