Entiendo que las compañías generadoras de energía eléctrica no son empresas filantrópicas. Ha sido plenamente demostrado que el objetivo principal de los socios es obtener ganancias a como dé lugar.

Comprendo que los generadores están tratando con un gobierno medio fullero (en el mejor de los casos) y que les resulta sumamente difícil cobrar con puntualidad.

También podría hacer un esfuerzo, flexibilizar mi credibilidad y, a regañadientes, aceptar como válida la declaración de la Corporación Dominicana de Electricidad cuando dice que no tiene deuda alguna con quienes los proveen de energía.

Pero lo que no puedo imaginar es que tanto los empresarios de la generación de electricidad como el gobierno ignoren el impacto negativo que podría tener una avalancha de apagones en medio de una semana de huelgas populares. Nadie en su sano juicio puede despreciar el enojo que provoca en la ciudadanía la falta de energía eléctrica, como agravante de la declinación en su calidad de vida. Las señales de los tiempos son ominosas y no pueden ser ignoradas por el grupo gobernante. Dentro de la sociedad moderna la electricidad se ha constituido en un derecho ciudadano, indispensable para los procesos productivos, comerciales y familiares. Y no se le debe negar a la población, so pena de pagar las consecuencias en términos políticos.

En casos como este uno a veces se pregunta: ¿Podrían algunos políticos considerar que el desorden generalizado les conviene? ¿No acaban de darse cuenta que los principales perjudicados serían ellos mismos? Están jugando con una corriente de alto voltaje político sin protegerse con el equipo adecuado para evitar la electrocución ciudadana. En República Dominicana, el origen de los mayores conflictos sociales y políticos han sido espontáneos e improvisados, por lo tanto, impredecibles. Para anticiparse a los acontecimientos es preciso comprender por qué se dan las explosiones sociales en nuestro país. Lo primero es que las mayores convulsiones no tienen grandes acontecimientos como detonantes, sino cuestiones menores, sin mucha importancia. Ni siquiera los asesinatos de Manolo Tavárez y de Francis Caamaño, dos héroes nacionales, provocaron conmociones políticas aunque generaran gran pesar. Sin embargo, el intento de arresto de un pequeño grupo de oficiales en un campamento militar detonó el levantamiento cívico del 24 de abril de 1965, el más glorioso de nuestra historia. Asimismo, un conflicto menor en un barrio periférico inició en abril de 1984 enormes movilizaciones populares. Éstas sólo pudieron ser acalladas varios días después con centenares de ejecuciones sumarias de ciudadanos, cometidas por el aparato represivo gubernamental.

Desde que somos nación, las grandes conmociones sociales han ocurrido en el primer semestre de cada año. Por diversas razones las grandes movilizaciones han tenido lugar en esa época, nunca en el segundo semestre. Esto así, me preocupa mucho el que algunos sectores políticos y económicos estén atizando el fuego social sin medir las desagradables consecuencias que pudieran provocar. Confieso que en lo personal me angustia la incapacidad gerencial de nuestros gobernantes para controlar el manejo de las finanzas y la economía del país. Cuando digo incapacidad no me refiero sólo a la posible falta de conocimientos sobre la administración del Estado, sino quizás a la falta de interés para resolver los problemas acuciantes del pueblo dominicano. Esto quiere decir que, a lo mejor, los administradores del Estado no están interesados en sacar al país de la crisis, sino en llevarlo a una situación de mayor confusión y caos. Ejemplos sobran pero bastaría con decir que ese estilo de gobierno ha llevado a un gran porcentaje de la “clase media” a convertirse en “clase baja” en apenas un año. Todo parece indicar que ese sector social no tiene perspectivas de volver al nivel de vida que disfrutaba en el año 2000 antes de que transcurran, por lo menos, diez años, si es que tiene suerte. El saldo gerencial de los administradores del Estado es negativo.

Reitero que la energía eléctrica ha llegado a constituirse en un derecho ciudadano en la sociedad moderna. Tan derecho ciudadano como la salud, la educación y el transporte. Y no se le debe negar a la ciudadanía, menos aún en tiempos de huelga popular en todo el territorio nacional. El explosivo del descontento social está presente en todos los sectores. Lo único que falta es el detonante, y eso puede ser cualquier cosa, hasta otra imbecilidad más, de esas que nos ofrece a diario el grupo gobernante quienes no han sido capaces de comprender que es mejor precaver que tener que lamentar.