Todos aspiramos a vivir y tener un mejor país. Para lograrlo tenemos que plantearnos, sin olvidar nuestro pasado histórico como referente, la reorientación de la enseñanza de determinadas profesiones en procura de mejorar los niveles educacionales, como vehículo imprescindible para lograr el conocimiento, única forma de cambiar nuestra forma de pensar y actuar, y elevar nuestra estima como nación.La educación superior no es más que la manifestación de la educación primaria de un país determinado. Es quimérico pensar que podemos lograr que la educación superior sea de mejor calidad que la educación primaria. A esto no escapa la enseñanza del derecho.

En las aulas es común ver que el vínculo existente entre alumno y profesor se encuentra cubierto de gran autoritarismo, donde el proceso de enseñanza pasa a ser burocrático y formalista, lo que posteriormente provocará el mismo distanciamiento entre el profesional y su comunidad, así como la perpetuidad de las prácticas llenas de rituales y formalismos innecesarios que no resultan beneficiosos para el propio aprendizaje del profesional del derecho. En gran medida es un asunto relativo a la libertad de expresión, pues sin esta no existe la libertad de cátedra y de investigación, que constituyen hoy el centro de atención de las aulas universitarias.

El docente de hoy y del mañana debe estar inspirado en los principios éticos y de integridad que sirvan de salvaguarda a los valores que nos permitan subsistir como sociedad civilizada. Es importante que todos tengamos la convicción de que la sociedad dominicana está demandando un cambio de rumbo en la enseñanza del derecho en nuestras universidades.

En todas las sociedades la necesidad de convivir impone primero normas de comportamiento que muchas veces después se convierten en normas obligatorias, impulsando finalmente a centros especializados a proceder a su estudio y valoración. De esto se deriva que regularmente las propias relaciones humanas se adelantan a las reglamentaciones legales, y éstas a su vez se adelantan a ser objeto de análisis en las academias.

En la enseñanza del derecho predomina el desuso del razonamiento, pasando a primer plano la retención de memoria de los datos que suministra el profesor mediante la “clase magistral” en la que este expone sistemáticamente la información. Se olvida de este modo la importancia de la investigación bibliográfica y de la buena redacción. Se considera que no hay, de manera predominante, estudios o análisis de casos o jurisprudencia. El método de casos es virtualmente inexistente. Hay un predominio del papel expositivo, central y autoritario del profesor. El debate en la sala de clases es sustituido por las preguntas de los alumnos relativas a la exposición del profesor.

Actualmente en la República Dominicana, no presenciamos una actualización firme y acorde con las tendencias más novedosas en la enseñanza del derecho. Un obstáculo ha sido encontrar profesionales capacitados en las nuevas áreas del derecho que a la vez se encuentren en disposición de impartir docencia. A esto se une que el profesor no recibe una remuneración que le permita holgadamente dedicarse casi con exclusividad a la docencia, con énfasis en lo que modernamente se denomina I + D, sin mencionar el arcaico sistema de evaluación del estudiante para las pruebas de ciclos, que ha llevado a más de un profesor calificado y con vocación a desertar de las aulas. Las más prestigiosas universidades del mundo tienen en su nómina un equipo fijo de profesores dedicados con exclusividad a la docencia y a la investigación.

Hoy en día encontramos novísimas áreas y/o disciplinas del derecho que cada vez más, pasan a formar parte de la actividad jurídica diaria del mundo actual, como son derecho de la competencia, análisis económico del derecho, derecho de las nuevas tecnologías, derecho del turismo, derecho de los deportes, derecho comunitario, derecho internacional de la integración, derecho ambiental, derecho de minería, así como cualquier otra rama del derecho que se encuentre avanzando a grandes pasos y cobrando importancia en la vida actual de las sociedades.

La sociedad actual requiere un mayor compromiso de sus abogados a fin de que estos se conviertan en verdaderos agentes de cambios de viejas estructuras y prácticas legales que no van en consonancia con los avances de un mundo en plena ebullición. Se requiere de un mayor compromiso institucional cargado de inequívocos principios de integridad y principios éticos.

Todos tenemos que plantearnos como un reto para el futuro inmediato la reorientación del país en procura de mejorar los niveles educacionales de todos los dominicanos, como vehículo imprescindible para lograr el conocimiento, única forma de cambiar nuestra forma de pensar y actuar, y elevar nuestra autoestima como nación.

Hoy como ayer, el país necesita y requiere de un Estado de Derecho fuerte, idóneo y confiable, que se convierta en un verdadero muro de contención contra la corrupción en todas sus manifestaciones, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos que por su magnitud atentan contra la paz planetaria; pero ese Estado de Derecho sólo se puede alcanzar cuando gobernantes y gobernados tengamos la debida conciencia de la importancia de la educación.

La sociedad dominicana demanda de la puesta en vigencia de todo un sistema educativo que se manifieste mediante un proceso que incentive y aumente nuestras destrezas y habilidades para el entendimiento, manejo adecuado y óptimo de las nuevas tecnologías, que conduzca a un aprendizaje que nos permita comprender los cambios que se están produciendo en una sociedad globalizada, donde las relaciones internacionales han ido creando un Nuevo Orden Mundial, que nos conciencie a preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales, y que se cree un vínculo entre el aula y la comunidad, asociando a profesores, padres, estudiantes y organizaciones locales para que asuman sus responsabilidades cívicas y culturales dentro del concepto de la educación comunitaria o educación democrática.

La formación del profesional del derecho debe ser una preocupación constante, constituir un estilo de vida. El abogado debe preocuparse por estar formado para enfrentar los retos que día a día le presenta un mundo que exige respuestas claras a los avances científicos y tecnológicos que requieren de un marco legal y jurídico consistente y seguro.

El papel entonces del abogado del siglo XXI es responder a esa necesidad social y asumir una postura de profesional consciente de sus deberes, con un conocimiento profundo de derecho. Los abogados deben ser profesionales a los cuales los ciudadanos puedan confiarles sus problemas familiares o sus bienes con la certeza de que estarán bien dirigidos y de que serán manejados por un profesional que actúa apegado a los valores éticos.