Nadie puede negar, que hubo  épocas donde la eficiencia estaba  íntimamente ligada a la capacidad de economizar recursos públicos, partiendo del principio de que las necesidades casi siempre están por encima de las posibilidades. Gobiernos y  funcionarios tenían que ofrecer  todas las explicaciones acerca de sus actividades, especialmente cuando  envolvían importantes sumas de dinero. Realizar obras a bajo costo representaba actos de eficiencia, honestidad, capacidad. Un orgullo decir que las cosas se hacían  a menor costo, porque lo contrario se  entendía como dispendio o corrupción.

La situación de hoy contrasta con la lógica y además con  prácticas sanas, que sin importar el tipo de régimen, no dejan  de ser buenas y aconsejables. Lo importante para los funcionarios de hoy  es destacar fundamentalmente cuantas decenas, cientos o miles de millones cuestan las obras en pesos o dólares. Se les llena las bocas de saliva al decir que han invertido esos recursos, casi siempre sin ofrecer al país mayores detalles.

Es como si se tratara de una carrera donde el que gana la competencia  es el que gasta más y ofrece menos detalles, con todas sus consecuencias.

Vivimos en la nueva era de los dispendios. Gastar mucho, no importa cómo ni para qué, solo a quienes va a enriquecer o beneficiar,  y quienes irán a recibir las cuantiosas comisiones, porque los costos ni la calidad son importantes.

Sea que se queden en los bolsillos de los ejecutores, sea que los compartan con los funcionarios o  que vayan a parar a determinados proyectos personales, con el mote de  políticos, partiendo de una engañosa frase de que: “no se coge para ellos, sino para la causa o el partido”.

Así estamos. En medio de prácticas deleznables.

Maleados profundamente,  pero maquillados sutilmente. En medio de una sociedad dirigida por entidades públicas con funcionarios que ignoran  las prácticas de la ética y la moral; con instituciones moldeadas por la fuerza del poder;  con políticos que pierden más tiempo en conflictos internos  que defendiendo de los intereses nacionales; con  estrategas oficiales que menosprecian  la mayoría de los grupos privados, comunicadores y  entidades con carácter  civil o “sin fines de lucro” porque dicen que reciben aportes, asesorías o contratos oficiales, que los hace igualmente débiles frente al gobierno.

El ingreso de cuantiosos  recursos provenientes de organismos internacionales luego del acuerdo con el FMI,  que a la postre pagará el  pueblo entero, junto al inicio de una campaña política en la que el gobierno tiene sus miras puestas para mantener el control del Congreso y los ayuntamientos, obliga a establecer una vigilancia permanente que logre una rectificación urgente en la política de inversión y  dispendio oficial, evitando que se utilicen  en beneficio de sus objetivos políticos revestidos de necesidades locales.

La oposición y muy especialmente el PRD, los comunicadores independientes y  la misma sociedad civil menospreciada, deben mantenerse vigilantes, denunciando cualquier tipo de irregularidad y dispendio de los recursos públicos, para que el futuro inmediato no empeore a niveles catastróficos.