Al abordar el fenómeno de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es evidente que este fenómeno exige respuestas multisectoriales y combinadas desde distintas perspectivas: derechos humanos, educación, salud y protección integral.
En el año 2006, el Experto independiente para el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Paulo Sérgio Pinheiro, consideró en su estudio titulado: “Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, que “en todos los países del mundo hay niños y niñas que siguen teniendo y experimentando la violencia. Las repercusiones o las consecuencias de estas experiencias pueden mantenerse durante toda la vida, influyendo en su desarrollo, su comportamiento y su salud…”, continúa afirmando que: “Ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable y que todas las formas de violencia son prevenibles”.
Nuestra postura se enmarca dentro del enfoque de que ninguna forma violencia contra los niños, niñas y adolescentes es justificable, y que, además de ser prevenibles, el respeto a la dignidad humana y la integridad física deben ser los principios que guíen las políticas para su erradicación.
Es por esto que debemos adoptar y celebrar la vigencia de las recomendaciones de Pinheiro con metas claras para que los gobiernos de nuestra región puedan prevenir la violencia y responder ante ella, sobre todo para asegurar que toda la violencia contra los niños y niñas que hoy es aceptada legalmente (incluido el castigo físico, las prácticas tradicionales perjudiciales y la violencia sexual) se prohíba y también efectivamente eliminada por medio de la creación de conciencia y educación pública.
Todo esto implica apoyar la elaboración de un marco conceptual multidimensional y sistemático para responder a la violencia y que esté integrado plenamente en los procesos de planificación nacional.
Si examinamos las consecuencias agudas y a largo plazo de la violencia contra los niños y niñas podemos observar entre ellas, consecuencias sexuales y reproductivas cuando alcanzan la adultez: problemas de salud reproductiva, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, como la infección por el VIH, y embarazos no deseados.
Como forma de abordar una de estas consecuencias es pertinente referirnos al fenómeno del embarazo en Adolescentes, muy especialmente en nuestro país, la República Dominicana.
En esto podemos observar que más allá de la diversidad de situaciones y hallazgos, el embarazo en la adolescencia está asociado a la violencia de género en su sentido más amplio: violencia física, simbólica, psicológica y económica.
Esto se debe a que siempre se produce por brechas etarias significativas que traen consigo dinámicas de dominación y desigualdad, muchas veces ligadas a la violencia sexual.
Si confrontamos estas informaciones de los abusos y violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, nuestra realidad resulta más incierta cuando se comprueba que en los últimos 30 años, América Latina y el Caribe fue la única región del mundo en la que se registró un incremento en la fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, con tasas de fertilidad de las más altas del mundo.
Todo esto se apoya en el informe sobre vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescente (UNICEF y Plan Internacional, 2014) que reconoce que los determinantes del embarazo en adolescentes tiene que ver, ante todo, con factores sociales, económicos y culturales que van más allá del ámbito de la salud.
Es por esta razón que concluimos que toda forma de violencia contra un niño, niña o adolescente es prevenible, y que, ninguna forma de violencia es justificable, mucho menos contra ellos.