Hoy 
Si no fuéramos un conglomerado social tan apasionado y sectorizado y creyéramos un poco en el valor de los pactos y las normas que nos damos, todos deberíamos estar celebrando que esta semana el Gobierno promulgó la ley que establece una Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, en la culminación de un proceso de consultas y concertación de varios años y de un reclamo de décadas.
Se dilató tanto que llegó con dos años de retraso en relación a la fecha para la que fue concebida la estrategia, pero debemos celebrar su promulgación, con la firme esperanza de que este será un instrumento fundamental del desarrollo nacional en las próximas dos décadas, independientemente de quien rija los destinos del país. Hay que reconocer el esfuerzo realizado para su materialización por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Consejo Económico y Social y varias instancias de la sociedad civil. La formulación de esa estrategia quedó ratificada en la Constitución promulgada hace dos años.
De lo que se trata es de pautar los ejes fundamentales en que habría de descansar el desarrollo nacional, con las correspondientes prioridades en la inversión, especialmente en los ámbitos de los servicios básicos, como educación, salud y energía, en la promoción de la competitividad y las exportaciones y en una reforma fiscal integral que no solo garantice mayores recursos para superar la pobreza, sino que implique un límite al despilfarro en el que el índice de competitividad del Foro Económico Mundial nos ha proclamado campeones mundiales entre 142 naciones.
La puesta en vigor de la estrategia implica superar la tradición gubernamental dominicana de concentrar la atención y la inversión en proyectos improvisados, muchas veces sin siquiera estudios de factibilidad y rendimiento, atendiendo al interés político coyuntural y a los delirios de grandeza que ha afectado a casi todos los que han regido los destinos nacionales.
Y no es que nos hayan faltado estrategias ni planes de desarrollo. Desde mitad de los años sesenta acumulamos una inmensa biblioteca de planes nacionales de desarrollo, de estudios y consensos, frutos de seminarios, congresos y consultorías nacionales e internacionales a veces muy costosas, pero los que llegan al poder sacan su propia agenda y se olvidan de lo que ellos mismos creyeron conveniente ofertar en sus programas y discursos electorales.
Es por esa razón que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha certificado que aunque somos el país de más crecimiento económico en más de medio siglo, al mismo tiempo lideramos a los que más han desaprovechado las oportunidades para traducir ese crecimiento en desarrollo humano integral.
En este mismo Gobierno se han sazonado múltiples consultorías y proyectos que se proclaman con algarabía y fanfarria protocolar y se editan de forma lujosa simplemente para adornar bibliotecas. Ahí está, por ejemplo, el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, contratado y pagado por el presidente Leonel Fernández, publicado en noviembre del 2010 y proclamado luego, como la Estrategia Nacional, en un acto solemne en el Palacio Nacional. Ese informe bajo la dirección del reputado economista francés Jacques Attalí contiene siete amplias iniciativas para el éxito de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con 70 propuestas específicas, sin que hayamos podido ponderar la materialización siquiera de aquellas que se podrían adoptar por simple decreto presidencial. Vale recordar que la primera iniciativa quedó bajo el sugerente título de devolver la confianza en las instituciones y restaurar el contrato social.
Esta sociedad está urgida de un nuevo aliento, de un firme impulso al cumplimiento de las normas y pactos. La promulgación de esta Estrategia Nacional de Desarrollo representa una nueva oportunidad para tomar el camino correcto, el de la racionalidad y las prioridades, del ahorro y la austeridad en todos los frentes comenzando por el gubernamental. Alguna vez hemos de convencernos de que estamos obligados a garantizarnos la sustentabilidad económico-social, institucional y política.
