La prensa dominicana recogió declaraciones del presidente Leonel Fernández luego de una reunión en el Palacio del Elíseo con su homólogo de Francia, Nicolás Sarkozy. Habían conversado acerca de la construcción de una línea suburbana del Metro y un tren de carga y pasajeros desde Santo Domingo hasta Santiago de los Caballeros. Dijo el Mandatario dominicano que “Francia está dispuesta a financiar esas dos grandes obras en una alianza público-privada que pueda ejecutar con éxito estos dos proyectos.” Añadió entonces: “Las empresas francesas están muy interesadas en estos proyectos.”

El presidente Fernández pudo haber sido más honesto en esas declaraciones. Debió haber dicho que el presidente Sarkozy está dispuesto a facilitar préstamos comerciales para que algunas empresas francesas sean reanimadas con contratos jugosos de bajo riesgo y altas ganancias en territorio dominicano. Nada de esto es de gratis ni responde a criterios de solidaridad. A la larga, el pueblo dominicano tendrá que pagar esa deuda, aunque ya el doctor Fernández no esté en la Presidencia.

Si se llega a un acuerdo bilateral de la naturaleza anunciada, la transparencia se perdería completamente y la economía nacional resultaría perjudicada en esas negociaciones. Esto así porque ya no podría haber una licitación internacional en la que República Dominicana pudiera elegir los menores costos de construcción y de operación. Por el contrario, tendría que aceptar lo que los empresarios franceses impusieran. Vendría a ser algo como lo que ahora ocurre con los contratos otorgados a firmas brasileñas para construir represas, acueductos y hasta para suplir innecesarios aviones de guerra. En esos convenios los precios unitarios superan por mucho a las normas competitivas de las licitaciones abiertas. De ahí que los consabidos bajos intereses que la banca francesa de exportación pudiera aplicar a estos proyectos de transporte pierden importancia porque los presupuestos inflados con escasa supervisión ofrecen mayores beneficios.

El gobierno francés realizó una auditoría a la primera línea del Metro previo a la visita del presidente Fernández a París. Esta evidenció la inmensa flexibilidad de sus promotores dominicanos ya que el costo de construcción de esa obra resultó ser al final, aproximadamente, cinco veces la cifra inicial publicitada mientras se buscaba el apoyo de la ciudadanía. Y quizás los empresarios franceses hagan lo mismo: anunciar un precio bajo al principio y luego multiplicarlo a su antojo. No puede ignorarse que algunos funcionarios gubernamentales dominicanos también disfrutan del reparto del pastel recibiendo comisiones en calidad de intermediarios de las empresas a cargo del proyecto. Además, a esas empresas europeas no les importaría el desempeño del producto terminado. Saben bien por la auditoría que la primera línea urbana del Metro no ha transportado durante su primer año en operación ni siquiera el 15% de los pasajeros que pronosticaron sus promotores antes de iniciar la construcción. Peor aún, en vez de mejorar el tránsito de la capital dominicana, el Metro lo empeoró en su zona de influencia al disminuir la velocidad de circulación de los vehículos por la avenida Máximo Gómez en un 25%.

Los auditores del gobierno francés pudieron descubrir cómo fue financiada la primera línea del Metro y a qué cantidad de dinero asciende ese compromiso, cosas estas que a los dominicanos se nos ha ocultado. De lo que sí nos hemos enterado los criollos fue del daño que nos causaron las transferencias de fondos hacia el Metro desde las secretarías de Educación y de Salud, lo cual llevó al país a los últimos lugares de desempeño de esos sectores entre todos los países del mundo.

Lamento sobremanera desmontarle anticipadamente esta otra onerosa transacción al doctor Fernández, pero la realidad es que en muy poco podría contribuir con República Dominicana como nación. A quien de seguro beneficia es a las empresas francesas y a los intereses del grupo gobernante que quiere eternizarse en el poder político del país. Como también inflaría el ego balaguerista de aquellos que creen que con estructuras y una desigual repartición de las riquezas se puede avanzar hacia la supuesta modernidad que nunca ha estado orientada hacia el bienestar general sino hacia el enriquecimiento súbito de los altos funcionarios.