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El artículo 78 de la Ley de Función Pública consagra que el régimen ético está dirigido a fomentar la eficiencia, la eficacia y la pertenencia institucional de los servidores públicos, y procura además, promover el cumplimiento del bien común, el interés general y preservar la moral pública.
En ocasión de generar reflexiones que conduzcan a determinar principios y valores para el adecuado cumplimiento de las funciones propias de la administración pública y la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, cabe preguntarnos ¿Cuáles cualidades éticas deben poseer los servidores públicos? Por lo que consideramos que estas deben ser: honestidad, capacidad, justicia, equidad, nobleza, cortesía, decoro, discreción, prudencia, vocación de servicio, humildad, sinceridad, rectitud, disciplina, lealtad, probidad, pulcritud, y otros que aporten a consolidar buenas conductas y actuaciones en las instituciones públicas.
La ética en la administración pública conlleva al fomento de la Transparencia. La transparencia no es solo un concepto, sino en cambio un término en disputa. Transparencia es, ante todo, parte de la relación de poder y las actuaciones que de ella se desprenden.
El mayor esfuerzo para consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho debe ser un compromiso con el fomento de la transparencia en la administración pública, ya que es preciso incorporar acciones fundamentadas en valores éticos, porque la mayor fuente de poder y la llamada a satisfacer las necesidades de los ciudadanos son las instituciones, a través de las cuales se consolidan las bases para el desarrollo nacional.
La falta de transparencia y de criterios éticos en la administración pública, el aliento de la impunidad que tradicionalmente ha operado, hace perder la visión del servicio público que socava los valores construidos con grandes sacrificios.
La trasparencia como valor ético contribuye a que el ejercicio de la función pública esté motivado por la credibilidad en las entidades estatales, y si se logra cimentarla sobre principios que contribuyan a la lucha exitosa contra el flagelo de la corrupción administrativa como herramienta esencial para controlarla, se fortalece la democracia y se promueve la confianza de la población con las instituciones públicas y el gobierno.
Los valores con los que convive la transparencia: el derecho y el acceso a la información, la rendición de cuentas, se logran con el fortalecimiento institucional basado en la ética, y un estado de Derecho cuyo fundamento encuentre su gran valoración en la dignidad humana.
Por otro lado, los valores con los que el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, firmado en Montevideo el 23 de junio de 2006, proclama que los principios que guían la acción del buen gobierno son, especialmente: objetividad, tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente; todos ellos relacionados con el uso de la ética; entendiéndose por buen gobierno, según el referido Código Iberoamericano, aquel que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho.
Además, el buen gobierno incorpora principios y valores fundamentales reconocidos y articula tres tipos de reglas de conducta vinculadas a: la naturaleza democrática del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión pública.
En la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho la ética adquiere un significado indispensable, ya que para cumplir con el fin de satisfacer las necesidades y el desarrollo progresivo, igualitario y equitativo de los(as) ciudadanos(as) se debe estar íntimamente ligado a los valores que deben guiar a los servidores públicos, porque sólo así se transita por el camino del respeto de la dignidad humana, la libertad individual, la justicia social y el bienestar general que se propugna en el artículo 8 de la Constitución de la República.
Es por esto que una cultura ética para construir un buen gobierno resulta eminentemente necesaria en nuestros tiempos para consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho que aspiramos materializar.
