La primera página del periódico Hoy, del pasado sábado 20 de febrero, es altamente alentadora.

Anuncia la llegada del segundo lote de 30 mil dosis de vacunas contra el covid-19 donado por la India que viene a reforzar el Plan Nacional Vacunación que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública para liberarnos del trágico flagelo.

En ese orden, el presidente Luis Abinader afirma que dispone de un crédito hasta US$100 millones del Banco Centroamericano para compra de vacunas, y pone en operación una planta potabilizadora en Monte Plata comprometiendo al Estado “asumir una tutela especial para que el recurso agua llegue a todo el territorio nacional y la población”, destacando la carecía del preciado líquido que el 80% de los municipios padece.

No menos importante, la declaración del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, cuando señala: “En Loma Miranda, el medio ambiente es lo primero”, a propósito de la pretensión de Falcondo de explotar un área minera de 4.6 km2 en la Manaclita de Loma Miranda para extender su explotación a 20 años más y rescatar o compensar la inversión realizada para extraer en su exclusivo beneficio las riquezas que representa el mineral codiciado.

No han sido pocas las veces que el pueblo, consciente de los daños causados por el socavamiento de las minas y la ineptitud de los gobiernos de ponerle freno a empresas mineras, ha protestado pacíficamente y, en determinados casos, enfrentado en pie de lucha en defensa del patrimonio de la nación, de sus recursos naturales no renovables, del agua, los ríos, libres de contaminación, y la protección de los Parques Nacionales, y preservación de la biodiversidad , la flora y la fauna al amparo de la Constitución de la República permanentemente amenazados por empresas mineras y empresarios ambiciosos, esclavos del dinero.

La responsabilidad del Gobierno por el cambio, agravado por la terrible pandemia que nos azota y agiganta la crisis económica y el malestar social que padecemos, y debemos asumir junto al presidente Abinader, los ministerios de Salud, Energía y Minas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, particularmente, es de primer orden, sin dejar de reconocer la importancia que representa para las finanzas públicas la explotación minera no solo en nuestro país, como figura en el Art. 28 de la Ley Minera que declara de interés primordial del Estado “descubrir yacimientos de substancias minerales para su ulterior explotación y aprovechamiento económico”.

Pero lo primordial no es tal descubrimiento ni producción de empleos y otros beneficios colaterales para una comunidad desamparada que vive en forma precaria acosada por necesidades primarias. Lo verdaderamente prioritario es evitar tantos males acontecidos por falta de estudios minuciosos de expertos ambientalistas capacitados y honestos que determinen el riesgo de las escorrentías y aguas subterráneas, la contaminación de las presas de cola, destrucción de la capa vegetal lo que ha venido sucediendo producto de una explotación minera irresponsable o carencia de una gestión eficiente, comprometida con la preservación del medio ambiente y “la inclusión e innovación en energía y minería responsable” en beneficio del país y su población, como se ha proclamado tantas veces.