NUEVA YORK.- La expresión del odio racial y religioso es un crímen en gran parte del mundo, pero florece en Estados Unidos. Incluso Arabia Saudita, por ejemplo, ha estado indicando que reducirá el número de visas diplomáticas que emite a clérigos Wahhabi militantes, quienes en ocasiones elogian los ataques suicidas. Pero el Wahhabismo militante y otras doctrinas religiosas que defienden la violencia se predican libremente en Estados Unidos. Sucede en mezquitas e iglesias, en escuelas y, especialmente, en prisiones.

La tolerancia estadounidense hacia incluso el tipo de disensión que demanda el derrocamiento violento del gobierno y hacia el odio racial es singular. No es absoluta; la defensa directa de la violencia inmediata puede ser un delito. Sin embargo, el tribunal internacional de crímenes de guerra en Tanzania que declaró culpables a tres hombres el mes pasado de usar una estación de radio y un periódico por incitar al genocidio en Ruanda llamó a la ley estadounidense «la más protectora de la expresión» en el mundo y declinó usar sus estándares casi absolutos como modelo.

El cuidado estadounidense por casi toda la expresión es relativamente reciente y está arraigado en una metáfora. «La mejor prueba de la verdad es el poder del pensamiento para hacerse aceptar en la competencia del mercado», escribió el juez de la Suprema Corte Oliver Wendell Holmes en un disenso de 1919 que eventualmente se convirtió en la base de la jurisprudencia moderna de la Primera Enmienda. «Pienso que deberíamos estar eternamente vigilantes», añadió, «contra los intentos de controlar la expresión de las opiniones que detestamos y creemos que están cargadas de muerte».

En 1969, al revocar la declaratoria de culpabilidad de un líder de un grupo del Ku Klux Klan en base a un estatuto de Ohio que prohibía la defensa del terrorismo, la Suprema Corte apoyó de manera unánime la idea de Holmes y la convirtió en el lenguaje de la ley. El líder del Klan, Clarence Brandenburg, había instado a sus seguidores en un mítin a «enviar a los judíos de vuelta a Israel», «enterrar» a los negros, aunque no los llamó así, y considerar la «venganza» contra políticos y jueces que no simpatizaran con los blancos.

El gobierno, dictaminaron los jueces, no podría «prohibir o proscribir la defensa del uso de la fuerza o de la violación de la ley excepto cuando esa defensa esté dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente».

La línea que separa las dos categorías -la defensa abstracta y la incitación a la acción inminente- puede ser un poco borrosa, pero en la práctica ha protegido todo lo dicho desde un púlpito, en un mítin, en la radio y en un periódico, no importa cuán feo sea. Ha habido sólo algunas excepciones, y algunas de ellas han usado análisis que evitaron la distinción totalmente.

En los últimos años, tribunales de apelaciones estadounidenses han permitido una demanda civil contra un editor de un manual para mercenarios y sostenido el veredicto de un jurado civil contra un grupo que distribuía carteles de «Se Busca» al estilo del Viejo Oeste que identificaban a médicos que realizaban abortos. El año pasado, la Suprema Corte sostuvo la parte central de una ley de Virginia que convirtió el delito quemar cruces con el propósito de intimidar.

Pero el estándar persiste, dijo Floyd Abrams, abogado especializado en la Primera Enmienda. «La defensa general del derrocamiento violento del gobierno está protegida», dijo. «Y debe estarlo».

Pero él y otros insistieron en que el contexto importa, que la expresión que alguna vez no pareció señalar una exhortación directa a la acción violenta inmediata podría, dada la historia reciente, significar algo diferente. «En un contexto posterior al 11 de septiembre», dijo Abrams, «un llamado en una mezquita a matar podría no estar protegido por la Primera Enmienda».

Rodney A. Smolla, decano de la escuela de derecho de la Universidad de Richmond, dijo que la distinción propuesta por la Suprema Corte en 1969 debe se reinterpretada. «Nuestra experiencia debería decirnos que lo que considerábamos abstracto hace 10 años quizá ya no sea abstracto», dijo.

El problema es particularmente inquietante y particularmente enredado en las prisiones.

En un artículo en 2002 para la revista especializada First Things, Charles W. Colson, quien pasó siete meses en prisión por su papel en el Watergate y es fundados de Prison Fellowship Ministries, escribió que algunas variedades de instrucción religiosa en prisión pueden transformar «a criminales insignificantes en terroristas profesionales».

«Es un signo revelador -y alarmante- que tras el 11 de septiembre del 2001, los dos ataques terroristas fallidos involucraran a personas que fueron atraidas al Islam mientras cumplían sentencias carcelarias», escribió Colson. Se refería a Joe Padilla, acusado de planear un ataque con «bomba sucia» y ahora retenido como combatiente enemigo, y Richard Reid, declarado culpable de tratar de hacer volar un avión con una bomba en un zapato. Ambos aparentemente se habían convertido al islamismo en prisión.

The Wall Street Journal informó hace un año que el clérigo musulmán que coordinó el programa islámico en prisiones de Nueva York durante dos décadas reclutaba prisioneros para una forma radical del Islam y expresaba admiración por los secuestradores del 11 de septiembre. Después de que fue publicado el artículo, se prohibió el ingreso al sistema carcelario al clérigo, Warith Deen Umar, quien se retiró en el 2000 pero continuaba trabajando como capellán voluntario. El ha negado hacer algunos comentarios que le fueron atribuidos.

Eliminar la doctrina radical en las prisiones es un asunto urgente, dice el senador Charles E. Schumer, demócrata de Nueva York, y dónde trazar la línea es un interrogante relativamente directo. «Se falla del lado de la libertad, pero uno aún tiene que protegerse», dijo en una entrevista. «La libre expresión no es absoluta. La libre expresión es diferente en contextos diferentes. La incitación tiene un umbral menor en prisión que en, digamos, una granja lechera».

A primera vista, limitar la difusión de cualquier doctrina religiosa que incite a la violencia parecería ser más fácil en prisión, porque los tribunales tradicionalmente han dado a los administradores de las cárcedles mayor influencia en asuntos de seguridad.

Pero una ley promulgada en el 2000 con el apoyo de políticos que van del senador Orrin G. Hatch, republicano de Utah, al senador Edward M. Kennedy, demócrata de Massachusetts, presenta a los funcionarios carcelarios desafíos adicionales y casi seguramente no pretendidos. La ley requiere que los tribunales revisen las restricciones a las prácticas religiosas en prisión con mayor escepticismo.

Tribunales de apelaciones federales han disentido sobre si la ley es constitucional. Funcionarios carcelarios argumentaron ante el único tribunal de apelaciones que ha desechado la ley que ésta permite «a grupos de presos reclamar el estatus religioso para aislar sus actividades ilícitas del escrutinio».

Marci A. Hamilton, profesora de la Escuela de Derecho Cardozo y experta en la ley de libertad religiosa, dijo que el mercado de ideas de Holmes quizá no opere detrás de las rejas.

«Las prisiones están llenas de religiones marginales y muy violentas», dijo. «Cuando se tiene ese tipo de fanatismo en la población carcelaria sin la fermentación del pensamiento racional, se da un semillero para el terrorismo».