La extraña oferta de la OEA

La misión de la OEA que visitó este país y Haití comprobó que no hay crisis humanitaria derivada del proceso de regularización que ejecuta el Estado dominicano, como insiste en afirmar el gobierno haitiano. En su informe la misión reconoce el derecho del Estado dominicano a fijar su política migratoria. Sin embargo, esa misión propone un diálogo entre República Dominicana y Haití para resolver diferencias migratorias. La OEA ha ofrecido su mediación para posibilitar el diálogo.

En respuesta, el Gobierno dominicano ha reafirmado que solo reanudaría el diálogo con Haití si el Gobierno de ese país se retracta de las infamias que ha propalado para tratar de desacreditar a la República Dominicana, alegando una falsa crisis humanitaria por el plan de regularización. También ha rechazado la mediación de la OEA, recordando que entre los dos Estados existen desde hace mucho tiempo mecanismos de diálogo directo.

La posición del Gobierno dominicano ante el informe rendido por la misión de la OEA ha sido respaldada por amplios sectores dominicanos. Aunque Haití dice estar abierto al diálogo con la República Dominicana, sus autoridades se niegan a retractarse de las falsas denuncias de deportaciones y crisis humanitaria. La inflexibilidad haitiana en este punto es un serio obstáculo para eventuales conversaciones.

Indignante y preocupante

Las agresiones y asaltos que turbas haitianas cometen contra conductores de vehículos de carga dominicanos es una perturbación que pone en evidencia el poco respeto que el Gobierno de Haití siente por sus compromisos. En estos días, 20 choferes han resultado heridos y 60 camiones con daños de consideración por causa de esos ataques. Esto ocurre a pesar de que la administración Martelly se comprometió a velar por la seguridad de los transportistas dominicanos que llevan mercancías a ese país.

Estas agresiones y saqueos se suman a la constante zozobra en que turbas haitianas mantienen los consulados y la embajada dominicana en Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas. El Gobierno dominicano debe manifestar por la vía diplomática su indignación y exigir garantías de seguridad para los dominicanos en territorio de Haití.