ANGELA ROSSO
a.rosso@hoy.como.do
La falta de institucionalidad en la República Dominicana es la causa principal del problema energético, debido a que quienes se roban el servicio no son sancionados y, por consiguiente, no adoptan ninguna medida de ahorro.
De acuerdo a representantes de las generadoras eléctricas Ege Haina, Marta Fernández, encargada de comunicación, y Marcos Cochón, gerente general de la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, los 1,200 millones de dólares con que el gobierno subsidia al sector, podrían ser invertidos en otras necesidades básicas de la población.
Plantearon también que a medida que el precio del petróleo se incrementa, mayor deberá ser el subsidio a ese sector.
Los técnicos consideraron que la tarifa vigente que se cobra en la República Dominicana no ha sido el resultado de un pacto social, lo que ha obligado a una gran parte de la población a no pagar la tarifa eléctrica.
Sostienen que la actual tarifa eléctrica tiene un alto componente en la política distributiva, a través de subsidios cruzados, lo cual no puede ser garantía de suministro de un servicio público que, por consiguiente, impide que la tarifa final cubra los costos de la cadena eléctrica, (distribuidor, generador y comercializador).
Los representantes empresariales consideraron que hasta que en la República Dominicana haya una tarifa técnica, que sea el resultado de una ley resultante de un pacto social que se defina como tal, las distribuidoras venderán cada vez menos energía a los usuarios que pagan, razón por la que las pérdidas en valor continuarán subiendo.
A pesar de que las distribuidoras de energía presentes en el seminario resaltaron el mejoramiento de los cobros, los subsidios con los que respalda el gobierno al sector eléctrico continúan ampliándose de forma desproporcionada.
En ese sentido, la situación parecería contradictoria, debido a que la única razón que tendría la ampliación de ese subsidio es el incremento en el precio del petróleo.
Llama poderosamente la atención que mientras el mundo entero hace campaña para ahorrar energía, no solamente por el incremento del petróleo, sino por el impacto medioambiental que el mismo produce, en la República Dominicana se hacen pocos esfuerzos por consumir menos petróleo.
Reconocieron que es de vital urgencia que los generadores encuentren fuentes de energía con el menor impacto de contaminación posible y que los usuarios finales busquen igualmente la forma de no malgastar la electricidad, a fin que el generador no se vea en la obligación de producir más que la necesaria.
Estimaron que el subsidio a la energía eléctrica es un incentivo al consumo desmedido del servicio.
En ese escenario, el Coronel Delis del Pilar Hernández, ex encargado del Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF), señaló que aunque se hicieron esfuerzos por contrarrestar ese delito, la dependencia que dirigió tuvo poco respaldo del Ministerio Público. Reveló que de los sometimientos por fraudes a personalidades, entre ellas figuras públicas, sólo se actuó contra algunos.
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Marco legal
El marco legal del sector eléctrico en la República Dominicana está claramente delimitado. La legislación en materia energética, tanto en el área energética como en los combustibles y de las minas, razón por la que el país debe abocarse a replantearse todo el tema. Para muchos, la Ley de electricidad de la República Dominicana fue el producto de un proceso acelerado del Congreso Nacional, por lo cual no devino en un marco legal adecuado que asegure el buen funcionamiento del sector eléctrico.
La clave
Solución
El cobro de la tarifa no es fruto de un pacto social, lo que ha obligado a una gran parte de la población a incurrir en el no pago de la tarifa eléctrica. La actual tarifa eléctrica tiene un alto componente en la política distributiva, a través de subsidios cruzados.