Más de una década de crecimiento continuo de la economía dominicana, generó una pequeña reducción en los niveles porcentuales de pobreza, pero, en lugar de mejorar, empeoró la distribución de la riqueza.

Para Miguel Ceara Hatton, coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD en el país, este resultado es muy contraproducente ya que la equidad en la distribución de la riqueza, es la única manera de hacer sostenible el crecimiento económico de un país.

El reconocido economista dominicano entiende que cuando se habla de riqueza, no sólo se refiere a los bienes materiales que generan ingresos, sino también a la capacidad para lograr una calidad de vida adecuada.

Si se logra una mejor distribución de los ingresos, los mercados funcionan adecuadamente, y hay mayor posibilidad de crecimiento económico. Puso como ejemplo de esta afirmación, a los denominados «tigres asiáticos».

En la República Dominicana, el clientelismo político en que se sostiene el sistema de partidos, la corrupción y la falta de institucionalidad, hacen difícil lograr mejorar la situación.

Y es que en el país, una mejoría implica, entre otros puntos, enfrentar temas como los de los títulos de propiedad, la tenencia de la tierra, acceso a los créditos y un sin número de problemas que hoy día afectan seriamente a la sociedad.

[b]CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN[/b]

Ceara Hatton señala, citando un informe del Banco Mundial y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que en el período 86-98 mejoró el índice de la pobreza en el país, con una reducción de 8.9%.

Este resultado se obtuvo gracias al efecto del crecimiento económico, que impactó con una caída de 9.3%, mientras que el efecto de los cambios en la distribución de la riqueza fue negativo y ayudó a incrementar la pobreza en un 3.9%.

A su juicio, una mala distribución de los ingresos hace muy vulnerable la lucha contra la pobreza, porque pone a depender su disminución del crecimiento económico, lo que resulta muy negativo cuando, como ahora, no hay crecimiento ni se espera para el año próximo y, tal vez, tampoco para el 2005.

«Esto significa que ahora mismo estamos en una situación de extrema vulnerabilidad», en la que los índices de pobreza pueden aumentar significativamente.

Ceara Hatton explica que en la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD han hecho un ejercicio, comparando la situación de República Dominicana con la de más de 125 países del mundo, tomando en cuenta el PIB per cápita y los logros sociales, y con cifras de 20 años, para ver cuál sería el nivel de cobertura de salud, esperanza de vida, y otros indicadores, y el país estaba muy por debajo de lo esperado.

«El Indice de Desarrollo Humano del PNUD sitúa a República Dominicana en el lugar 94, pero cuando se analiza su PIB, entonces es evidente que debería haber mejorado y estar 26 posiciones más arriba. Esto significa que ha habido un uso inadecuado de los recursos que ha impedido una mejoría en la calidad de vida de los dominicanos», explica.

Este mal uso de los recursos ha quitado sostenibilidad al crecimiento y ha empeorado las condiciones de vida de la población.

Es por ello que los mercados funcionan mal, hay gran falta de institucionalidad y se aplica una política de «sálvase quien pueda».

Considera que el origen del problema está en el modelo de desarrollo elegido por el país, que ha sustentado su éxito en la depreciación del salario y no en el aumento de la productividad.

Sin embargo, estima que ya hay cierta conciencia sobre el problema y en el sector turismo comienza a verificarse un cambio de modelo dirigido a trabajar en el efecto de la calidad, más que en el del costo.

En el caso de las zonas francas, la situación es más difícil para realizar los cambios, pero están obligados a hacerlos en los próximos tres años. Y es que, según explica, el éxito de las zonas francas se debe a tres distorsiones a punto de sucumbir, a saber: el Acuerdo Multifibras, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y el régimen interno de incentivos.

[b]EL GASTO SOCIAL[/b]

En cuanto al gasto público social, lo considera muy ineficiente, a lo que se añade la corrupción, la política clientelista, la impunidad y la falta de instituciones.

Tras manifestarse insatisfecho con el sistema partidista dominicano, cita como una muestra de sus problemas, la implicación de la dirigencia de los mismos en el caso Banínter.

Entiende que los regalos hechos por los ejecutivos de la quebrada entidad bancaria buscaban la impunidad y el mal manejo de los organismos supervisores que no hicieron su trabajo, y se violaron todas las leyes.

A su juicio, gran parte de la desconfianza que arropa a la sociedad dominicana actualmente, se debe a que en ese caso se violaron todas las leyes vigentes.

Considera que la primera estrategia para defender la equidad y resolver los problemas de distribución es respetar las instituciones. Pero un sistema de partidos que se basa en el clientelismo y la corrupción, «no sé si será capaz de socavar su base de sustentación».

En cuanto a la distribución de la riqueza, la falta institucional motiva que las estadísticas de las entidades no coincidan y, mientras ONAPLAN la situaba en 1998 en el 51% de los hogares, el Banco Central, para la misma fecha, 31%.

Para esa fecha, el 20% más pobre de la población recibía apenas el 2% de los ingresos, mientras el quintil más rico se quedaba con el 57.6%.

[b]LA SITUACIÓN ACTUAL[/b]

En un reciente seminario sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizado por el PNUD, el economista Jefrey Lizardo, del Centro de Gerencia Social del INTEC, señalaba que la elasticidad entre el crecimiento y la reducción de la pobreza en el país, es una de las más bajas de América Latina.

Como ejemplo cita que en los 90, por cada crecimiento porcentual del PIB per cápita, la pobreza se redujo en 0.38%, mientras que en Chile la relación era de 1 por 2.20%.

En su exposición señalaba que «La característica del crecimiento económico de la pasada década en la República Dominicana ha sido excluyente, con un fuerte sesgo urbano y hacia algunas actividades dinámicas de la economía con poca articulación con los sectores de mayor peso en el producto interno bruto».

Tras señalar que la lucha contra la pobreza requiere de persistencia y políticas económicas y sociales de corto y mediano plazo, para no perder lo ganado, señala que en el país se percibe no sólo un estancamiento, sino también un retroceso en el proceso de superación de la pobreza.

En ese sentido estima que en el período 2001-2005 el ingreso per capita será negativo en -1%. Citó también el efecto de la inflación en los hogares pobres, que en este año ha supuesto la pérdida del 50% del poder adquisitivo.

«El retroceso podría ser mayor ante la ausencia de verdaderas redes mínimas de protección social que se activen en el contexto de la crisis económicas que vive el país».

Sostuvo que los programas asistenciales que existen actualmente se caracterizan por su dispersión y mal focalización, por lo ineficaces, llegando de manera fragmentada a la población más vulnerable.

Critica el que en la crisis actual no se haya protegido el gasto social, especialmente en educación y salud. Afirma que, como porcentaje del PIB, el gasto en educación y salud terminará este año por debajo del promedio de la primera mitad de los 90, con 3,700 millones menos, en términos nominales, que en el 2002.