Madrid, (EFE).- La familia de José Couso, el cámara de televisión español muerto en Irak en abril de 2003, pidió hoy en una denuncia ante la Fiscalía sobre los documentos de WikiLeaks que investigue si los funcionarios del Ministerio Público y altos cargos que aparecen en ellos son responsables de algún delito penal. 

La familia del cámara de la cadena privada Telecinco, que ejerce la acusación particular, presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a raíz de las revelaciones de WikiLeaks sobre supuestas presiones de representantes de EEUU sobre jueces y fiscales españoles para frenar la investigación del caso, documentos publicados por el diario “El País».  

En declaraciones a los periodistas, el hermano del cámara, Javier Couso, dijo que considera que existen una serie de indicios que pueden suponer un delito por parte de todos los que han aparecido en los cables de WikiLeaks, “tanto la Fiscalía General del Estado como la de la Audiencia Nacional y determinadas personas del Gobierno».  

Entiende que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, “se deben inhibir”, al igual que el Tribunal Supremo y los jueces de instrucción han defendido “no sólo el Estado de Derecho, como nosotros creíamos, sino la soberanía nacional ante presiones de poderes extranjeros».  

Según la denuncia presentada, las revelaciones de WikiLeaks podrían indicar “la existencia de una conspiración o concierto delictivo” entre funcionarios y altos cargos españoles con los de una potencia extranjera, con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones judiciales “perturbando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés político de EEUU».  

En concreto, explica, de los hechos que aparecen en los documentos del Departamento de Estado se deduce una posible violación del secreto del sumario por parte de los funcionarios que tienen obligación de guardar el mismo, lo que habría causado un “grave daño” a la acusación particular.  

De los mismos se desprende también -considera la familia de Couso- que funcionarios españoles habrían realizado un asesoramiento jurídico que tienen prohibido a una potencia extranjera, además de haber dejado “intencionalmente” de perseguir delitos cuando estaban obligados a hacerlo.  

José Couso murió el 8 de abril de 2003 en Bagdad por disparos de un tanque estadounidense cuando tomaba imágenes de la invasión de Irak desde el balcón de una habitación del hotel Palestina, donde se alojaba gran parte de la prensa internacional.  

Según los documentos filtrados por WikiLeaks y publicados por “El País”, Estados Unidos presionó al Gobierno español para “frenar o boicotear” las causas abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en el caso Couso y otras causas judiciales.  

El caso Couso fue reabierto el pasado mes de julio por orden del Tribunal Supremo español después de que fuera archivado por la Audiencia Nacional. EFE