Los abogados de la familia Pellerano Peña revelaron ayer que el 30 de octubre pasado las autoridades monetarias cambiaron «radicalmente» los términos del contrato entre el Grupo Financiero Nacional, el Banco Central y la familia León Asensio, pactado el 3 de julio de este año.

En el acuerdo tripartito pactado en julio entre el Grupo Pellerano, Grupo León y el Banco Central para la adquisición del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO) se estableció un límite al apoyo financiero del Banco Central de RD$10,600 millones, más US$156 millones.

El cambio de ese acuerdo perjudica a la familia Pellerano, afirmaron los abogados Eduardo Jorge Pratts y Pedro Catrain, en una carta que enviaron al director de este diario, Mario Alvarez Dugan.

En la comunicación, los abogados hacen referencia a un informe conocido en la Junta Monetaria y que publicó la sección económica de Hoy, el pasado martes, que aborda posibles soluciones a la problemática de Bancrédito.

Indica que la deuda de vinculados a ese banco subió en RD$11,910 millones, respecto al nivel establecido en el contrato firmado para la venta al Grupo León Asensio.

Según ese informe, se identificaron deudas de vinculados por US$270 millones adicionales a las establecidas en el contrato, suma que a la tasa de RD$40 por US$1.0, equivale a RD$10,800 millones.

También señala que aparecieron contingencias adicionales con vinculados al banco por US$27.75 millones, equivalentes a RD$1,110 millones.

A continuación el texto completo de la carta que enviaran a este diario los abogados de la familia Pellerano.

DISTINGUIDO SEÑOR DIRECTOR:

“Hemos leído con asombro la nota aparecida en la portada de la sección Económica de su respetado diario, bajo el título «Sube deuda de vinculados en caso Bancrédito» en el que se señalan unos supuestos «nuevos faltantes» en Bancrédito que arrojan dudas sobre la conducta de la familia Pellerano y la buena fe y transparencia con que ha conducido esta operación.

Luego de que las autoridades monetarias aprobaran la oferta de compra que hizo la familia León Asensio y el Banco Profesional para la adquisición de Bancrédito, fue suscrito un contrato tripartito en fecha 2 de julio del 2003, mediante el cual el Banco Central asumió una serie de compromisos económicos que facilitaron el cierre de la operación de compra y venta, iniciándose un proceso de análisis de operaciones y verificación de asientos contables, con la intervención de reputadas firmas internacionales de contabilidad y la supervisión de auditores del Banco Central, inspectores de la Superintendencia de Bancos y representantes del Fondo Monetario Internacional.

En ese contrato, que se rige por las reglas del derecho común, según fue pactado por las tres partes envueltas, se reconoce que el patrimonio de Bancrédito, incluye cuentas reales o contingentes, como parte de una cartera vinculada, papeles comerciales e instrumentos de inversión del Grupo Financiero Nacional (GFN), que fueron reconocidos, asumidos y transferidos al Banco Central.

Las partes convinieron, incluido el Banco Central, que a causa de que los documentos de Bancrédito se encuentran en un proceso de diligencia debida (due diligence), en caso de identificarse nuevas partidas que correspondan a la cartera vinculada del GFN, las mismas recibirán el mismo tratamiento previsto en el presente contrato para la existente cartera vinculada.

Las facilidades pactadas en el acuerdo citado fueron las siguientes: En pesos dominicanos: RD$10,600 millones. En dólares estadounidenses: US$156 millones.

De las sumas acordadas, el Banco Central hizo efectivas la expresada en pesos dominicanos y US$55 millones, quedando pendiente, por tanto, la suma de US$101 millones, que sería destinada a pagar las acreencias de los tenedores de papeles comerciales y otros instrumentos de inversión de nuestro Grupo.

Al decidirse la paralización de las operaciones de la banca off-shore, los saldos adeudados o las sumas invertidas por Bancrédito en esos bancos, se hicieron exigibles de inmediato, motivo por el cual compradores y vendedores, trabajando conjuntamente, presentaron en diferentes reuniones con funcionarios del Banco Central, diversas alternativas para cubrir dichos balances.

A pesar de las soluciones de consenso y los acuerdos previamente suscritos, no es, sino cuando los abogados del Banco Central interpusieron la querella contra los señores Manuel Arturo Pellerano y J. Felipe Mendoza, en fecha 7 de noviembre, que nos enteramos de la existencia de una resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de octubre que cambia radicalmente los términos de lo pactado en el contrato tripartito del 3 de julio del 2003, en perjuicio de la familia Pellerano.

Hemos hecho sacrificios supremos para que no se ponga en entredicho nuestra honorabilidad, al punto de poner voluntariamente todos nuestros bienes en garantía y haber cedido a todas las peticiones de las demás partes en el contrato, para solucionar una situación que no fue creada por nosotros, sino que es la consecuencia de una formidable campaña de descrédito contra el banco y otras empresas de nuestro Grupo, que provocó una gran corrida de depósitos en pesos y en dólares, la mayoría de los cuales, junto a los de otros bancos, fueron sacados del país.

Lo que pedimos es que se nos trate con la misma caballerosidad, dignidad y respeto con que hemos tratado a las demás partes en el proceso, De no ser así, estamos en la firme disposición de defender nuestra honra y los bienes de nuestra familia por todos los medios que nos otorga la ley”.