De acuerdo a la información publicada en la prensa escrita, el gobierno ha dispuesto que los terrenos de la Feria Ganadera, ubicados en una amplia parcela frente al mar Caribe, a la altura del kilómetro seis de la autopista 30 de Mayo, sean donados al Patronato Nacional de Ganaderos.

Estos terrenos de incalculable valor comercial, albergan las instalaciones de la Feria Ganadera desde 1956 cuando fue inaugurada con el propósito de servir de escenario a exhibiciones pecuarias y agrícolas.  Desde esa época y casi sin interrupción  se viene celebrando en esos terrenos la llamada Feria Agropecuaria Nacional.

Los terrenos reclamados en propiedad por el Ayuntamiento del Distrito Nacional son sin duda patrimonio del pueblo dominicano y de ningún modo deberían darse en donación a grupo alguno, aunque éstos, como es el caso, estén relacionados con las actividades que allí se celebran.

Existen además penosos antecedentes de donaciones hechas a grupos similares. Recordemos que en 1995 a los productores de leche agrupados en APROLECHE el gobierno de Balaguer entregó, primero en arrendamiento simbólico y posteriormente en donación, la planta perteneciente a Inespre situada en la parte oriental, dentro de una valiosa propiedad que originalmente perteneció al CONANI durante el gobierno de don Antonio Guzmán.

Aquella planta fue vendida a una empresa extranjera en una negociación que nunca se explicó al país y que por supuesto tuvo muy pocos beneficiarios. En esa  oportunidad el alegato de los productores de garantizar el proceso de venta de sus productos lácteos en el marco de  una competencia leal, se vino a pique, al transformarse la donación en una empresa foránea que a la larga también fracasara  tras uno de los escándalos financieros más grandes de Europa, que provocó la intervención del mismo gobierno italiano. La empresa finalmente ahora es propiedad  de uno de los grupos empresariales dominicanos de mayor trascendencia. 

Con la donación del patrimonio nacional, en el caso de la Feria Ganadera, ojalá que no ocurra lo mismo.  Se trata de una valiosa propiedad cuya donación no tiene sentido alguno, ya que su uso podría continuar inalterable conservando también intacto lo que pertenece  exclusivamente al pueblo dominicano.