RAFAEL TORIBIO
Recientemente el Presidente de la República denunció la existencia en el Congreso Nacional de una tiranía de las mayorías, que a su juicio ha producido mas mal que bien, porque ha permitido que esa mayoría impusiera los jueces de la Junta Central Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas y la modificación de la Constitución para introducir la reelección presidencial, produciendo el debilitamiento de la institucionalidad democrática y poniendo en peligro la gobernabilidad.

La denuncia recogió también la deficiencia en el sistema de representación política que hace posible que con el 41% de los votos un partido obtenga 29 de 32 Senadores, mientras que otro partido, habiendo obtenido el 34% de los sufragios, para una diferencia de 7% puntos, tan solo tenga un Senador.

Estas declaraciones, además de aludir a una situación y emitir un juicio valorativo, formuladas en plena campaña electoral, aunque no haya sido formalmente declarada, representaban un llamado al electorado para que en las elecciones congresionales y municipales de mayo próximo se cambiara la correlación de fuerzas existente en el Congreso, para hacerlo más plural y equilibrado, reduciendo la representación de la oposición y ampliando la del partido en el gobierno. Este llamado era continuación del anteriormente formulado de que para que continúe el progreso hay que tomar el Congreso.

En esas declaraciones del Presidente de la República hay, al menos, dos asuntos diferentes que deben considerarse por separado. Uno es el que tiene que ver con el nombramiento de los jueces de la Junta Central Electoral y los miembros de la Cámara de Cuentas, la forma de modificar la Constitución. El otro es el equilibrio de fuerzas que debiera existir en Congreso para asegurar la gobernabilidad y evitar un enfrentamiento paralizante de las iniciativas provenientes del Ejecutivo.

Algunas precisiones se imponen de inmediato: las acusaciones del Presidente de la República no están dirigidas realmente contra  la tiranía de las mayorías, sino contra la mayoría que detenta el PRD. Por otro lado, las acciones atentatorias contra la institucionalidad democrática y la gobernabilidad denunciadas deben ser atribuidas, no al Congreso, sino al Senado, donde el PRD tiene 29 de 32 Senadores. Otra precisión conveniente es aclarar que un mayor equilibrio entre las fuerzas políticas en el Congreso, si bien contribuye a la gobernabilidad, no resuelve necesariamente los graves problemas estructurales señalados por el Presidente, relacionados con el nombramiento de los integrantes del organismo electoral y de fiscalización y la reforma de la Constitución.

Mientras se mantengan en la Constitución como atribuciones del Senado elegir al Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus Suplentes, como también elegir los Miembros de la Cámara de Cuentas, y que la reforma de la Constitución tiene que ser realizada por el propio Congreso, convertido en Asamblea Revisora, por una ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, no importa cual sea la correlación de fuerzas en el Congreso, siempre permanecerá la posibilidad de que un partido con mayoría en el Senado se sienta tentado a nombrar su Junta Central Electoral, su Cámara de Cuentas, como también impulsar una modificación de la Constitución que sea sólo beneficiosa para sus intereses particulares, propios o de sus aliados. Hay que modificar la forma en que ahora se hacen estas designaciones y se reforma la Constitución. Por eso, señor Presidente, la fiebre no está en la sábana.

Si se quiere evitar que esto pueda suceder, en la reforma constitucional que está pendiente, lo primero que debe lograrse es modificar la forma en que se puede reformar la Constitución. Hay que establecer un procedimiento en el que intervengan necesariamente varios actores, los tres Poderes del Estado por ejemplo, para impedir que uno solo, en este caso el Legislativo, pueda hacerlo de manera unilateral. Logrado esto, debe modificarse la forma en son electos los jueces de la JCE y los miembros de la Cámara de Cuentas para que en lo adelante sea realizado por un organismo donde no pueda producirse la tiranía de la mayoría, sino que tenga que producirse, necesariamente, algún acuerdo. Pudiera ser el Consejo Nacional de la Magistratura, o una mayoría cualificada en ambas Cámaras. La distorsión en el sistema de representación se resuelve si se acoge el principio de proporcionalidad.

Aunque esto parece ser lo conveniente, no será fácil lograrlo. Resulta siempre difícil que se  renuncie a lo que está establecido como un derecho, mucho mas en política y si lo está en la Constitución: la modificación tiene que ser aprobada por quienes pueden entender que de hacerlo están renunciando a un derecho y perdiendo un poder constitucionalmente asignado.

Si fuera el PLD quien tuviera esa tiranía de la mayoría en el Senado, ¿defendería el Presidente Leonel Fernández que se le disminuyera?