Está equivocado quien piense que las ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia cometidos por agentes policiales son espontáneos e imprevistos.

Desde que la historia recuerda, los “intercambios de disparos” han sido establecidos por la Policía Nacional como política oficial para combatir “la delincuencia” Con un silencio cómplice, las autoridades superiores de la nación se han convertido en accesorios de las ejecuciones extrajudiciales y la corrupción. Este método solo ha sido rechazado una vez.

Proponer ahora, cuando se echan las palomas, que se reforme la ley policial es un acto de hipocresía con mala fe. La fiebre no está en la sábana, sino en el cuerpo que nació, ha crecido y sigue desarrollándose como un aparato represivo incontrolable que sirve selectivamente a la política oficial de turno.

Nuestra memoria no puede ser tan mala como para ignorar el instrumento político que fue la Policía Nacional de Ludovino Fernández durante la tiranía de Trujillo. Ni pasar por alto la corrupta y abusiva jefatura de Belisario Peguero quien, además, convirtió la institución en un grupo corporativo con fines comerciales. Ni olvidar los tiempos más sangrientos cuando la encabezaba Enrique Pérez y Pérez, creador y propulsor del equipo de asesinos conocido como “La Banda” que encabezara el psicópata Ramón Pérez Martínez (a) Macorís. La Policía Nacional siempre ha sido lo que ahora es: una maquinaria de violencia al servicio de los políticos y el empresariado, nacional y extranjero.

Una sola excepción recoge la historia policial. La única vez que esa institución funcionó como debía ser fue durante el gobierno encabezado por Juan Bosch. El 27 de febrero de 1963, Bosch tomó posesión como jefe del Estado dominicano. Recibió una Policía Nacional y unas Fuerzas Armadas formadas por miembros concientizados bajo las normas de Rafael Trujillo. Su misión siempre había sido la de eliminar cualquier tipo de oposición al tirano. De ahí el génesis criminal y abusivo de esa institución. Torturar y asesinar a un “enemigo del gobierno” siempre fue un acto de fe hacia El Jefe. Eso recibió Juan Bosch como regalo envenenado de los trujillistas del Consejo de Estado, convertidos súbitamente en antitrujillistas luego de la muerte del tirano.

Durante esos siete meses de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, ningún policía ni militar dominicano abusó de ciudadano alguno. Nadie fue deportado ni encarcelado por oponerse al gobierno. Nunca hubo intercambios de disparos que impusieran la pena de muerte prohibida en el Código Penal. Estos actos delincuenciales nunca ocurrieron porque Bosch prometió, y cumplió que bajo su mandato nunca perecería la libertad. No estaba en su convicción política ni en su temperamento hacerse cómplice por omisión de crímenes y corrupción. Los actos abusivos y criminales nunca fueron cometidos porque la cabeza del gobierno lo impidió.

Pero cuando fue derrocado el gobierno de Bosch, no bien había amanecido el 25 de septiembre de 1963, los abusos, los crímenes y la corrupción resurgieron. El trujillismo criminal, estimulado entonces por la Guerra Fría, volvió a tomar posesión y los apresamientos políticos, las deportaciones, los abusos y los asesinatos volvieron a imponerse en las filas policiales. Volvió a convertirse en norma porque todos los que han ocupado la Presidencia de la República lo han aceptado como política oficial para mantenerse en el poder.

La responsabilidad por desacato a la ley de las fuerzas policiales no puede ser colocada sobre los hombros de jóvenes que han sido entrenados solo para cumplir órdenes superiores. Es en el Poder Ejecutivo donde reside la responsabilidad principal de que crímenes de esa naturaleza no ocurran. Primero, acabando con la comedia de que el Ministro de Interior y Policía tiene alguna autoridad sobre los mandos policiales. Si el actual Presidente de la República decidiera imitar a Bosch y castigara severamente a quien quiera seguir utilizando la licencia para matar como política oficial, de seguro que obtendría los mismos resultados democráticos que aquel Presidente de 1963, de cuya ética han renegado los principales dirigentes del grupo corporativo que nos gobierna.

No obstante, habría que aclarar que, para enfrentar ese problema, es preciso buscar a alguien que tenga unos calzones bien puestos y un Presidente de la República que no tema apoyarlo en esa tarea.