Fue a mediados del año 1978, cinco semanas antes de la asunción al poder del gobierno de Don Antonio Guzmán, y la gestión de Hipólito Mejía en la secretaria de Agricultura, que apareció en el país la Fiebre Porcina Africana FPA.
Ahora, 43 años después, la enfermedad hemorrágica viral, altamente devastadora, que afecta a los cerdos de todas las razas y edades, ha sido diagnosticada en pruebas enviadas a laboratorios norteamericanos.

En el mes de julio de 1978, el eminente profesional veterinario, Pedro Hansen del Orbe, para entonces director de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diagnosticó la presencia de la enfermedad, analítica que fue confirmada por el Centro de Investigación de Enfermedades Exóticas Plums Island, de Estados Unidos.

Múltiples fueron las reacciones y comentarios respecto a la aparición de la FPA, pero la más generalizada fue que el virus penetró al país a través de desperdicios de comidas en una línea aérea en el aeropuerto Las Américas. También se planteó la posibilidad de la importación de jamones por técnicos españoles que trabajaban en la presa de Sabaneta, en la región Suroeste.

En la ocasión la población porcina de República Dominicana se estimaba en aproximadamente dos millones de cerdos, con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Inclusive, autoridades de la dirección de Ganadería y del Centro Dominicano de Exportaciones (Cedopex), hoy Prodominicana, ultimaban gestiones para la exportación de carne de cerdos a Venezuela. Hoy día, la industria porcina está valorada en más de 15 mil millones de pesos con una generación de empleos de aproximadamente 60 mil empleados directos e indirectos.

Cuando se comprobó la presencia de la FPA a fines de la década de los 70, las autoridades crearon una comisión permanente de trabajo, cuyo coordinador fue un veterinario de apellido González de Lemus, a la sazón responsable del programa de sanidad animal que auspiciaba el denominado Programa Integrado de Desarrollo Agropecuario (Pidagro). Fue sustituido por una comisión de alto nivel constituida por decreto del Poder Ejecutivo, que integraban los titulares de Agricultura, Banco Central, Salud Publica, Bagrícola, IAD, Fuerzas Armadas y representantes de asociaciones de criadores de cerdos. El secretario ejecutivo era el director de Ganadería, doctor Librado Hernández.

La primera decisión de la comisión presidencial fue objetada por González De Lemus y de otros técnicos del subprograma del Pidagro, indisciplina que motivó que el secretario de Agricultura, Pedro Bretón, dispusiera la remoción de los rebeldes, y colocara el programa de control de la enfermedad bajo responsabilidad de Ganadería.

Ya en el poder el Presidente Guzmán, y el secretario Mejía, se emprendió una efectiva campaña de control y erradicación del virus mediante el sacrificio de las unidades afectadas y el pago compensatorio a los propietarios. Simultáneamente las autoridades y el sector privado emprendieron acciones dirigidas a restablecer la crianza de cerdos a través de la aplicación de técnicas modernas que han convertido la actividad porcina en el importante sitial económico que ocupa en la actualidad.