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Amenazada en su seguridad interna por el caos y violencia que rozan su frontera por la ingobernabilidad haitiana, República Dominicana ha ido cumpliendo con el deber humanitario de instar una y otra vez a la comunidad internacional a procurar con hechos la pacificación y protección de los derechos humanos en el vecino país.
El presidente Luis Abinader ha encabezado diligentemente y con prudencia el reclamo de auxilios a una nación en calamidad por el bien de la República y de la isla compartida, trascendiendo con el peso de su respetada investidura de jefe de Estado de productivo trato con el concierto de naciones y con organismos multilaterales.
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La permanencia de tropas reforzadas en bordes geográficos montando vigilancia permanente supone un consumo extraordinario de recursos logísticos no previstos.
Un costo oneroso para el erario nacional derivado mayormente de la anarquía que siembran las pandillas de fuerte armamento que se han adueñado de espacios importantes en Haití inmovilizado a sangre y fuego.
Con su reciente presencia en Estados Unidos, desplazándose por entes decisivos para las relaciones exteriores, el primer mandatario se rigió con una agenda de objetivos favorables para su nación y todo indica que además, habría logrado una mayor comprensión de la gravedad del problema haitiano en esferas de poder y sobre la urgencia de resolverlo. No más indiferencia desde el resto del mundo.
