El Ministerio Público dispuso en la tarde de ayer la reapertura de los tres establecimientos del Grupo de Clínicas Integral, porque concluyeron las investigaciones que realiza la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo en esos centros.

En una escueta información publicada en la cuenta de Twitter de la Procuraduría General de la República, se establece que, por parte del Ministerio Público, queda sin efecto el cierre momentáneo de los recintos del grupo intervenido.

“Cuando el debido proceso de la investigación así lo permita, se ofrecerán las informaciones al respecto”.

En tanto que el Ministerio de Salud Pública informó también ayer que las clínicas del Grupo Integral pueden seguir brindando sus servicios, porque el Ministerio Público concluyó las investigaciones que realizaba.

“Ahora ellos deben cumplir los procesos correspondientes en el orden de la habilitación”, indica la nota de Salud Pública.

Aunque el Ministerio Público y Salud Pública no dieron detalles de las investigaciones, la orden judicial para el allanamiento del Centro Médico Integral II se sustenta en supuestas violaciones a las leyes de tráfico de órganos y al lavado de activos, según un documento publicado por NCDN.

El cierre y las protestas. Por dos días se mantuvieron cerradas las instalaciones de las clínicas Integral I, II y III, lo que generó protestas por parte de los empleados y familiares de pacientes ingresados en estos centros.

Ayer en la mañana, en medio del caos, empujones y protestas airadas de familiares de pacientes y empleados de la clínica Integral II, fue realizado un descenso en búsqueda de pruebas sobre supuesto tráfico de órganos y lavado de activos.

Escenas de tensión se vivieron ayer en la segunda de las tres clínicas cerradas por la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo.

La fiscal adjunta que hizo el descenso en la clínica Integral II revisó las computadoras y áreas como la emergencia, medicamentos y material gastable y archivos muertos.

El accionar de las autoridades fue interrumpido con gritos de los familiares de pacientes, quienes reclamaban dejaran trabajar a los médicos y responsabilizaban a la Fiscalía de cualquier percance con la vida de sus familiares críticamente enfermos.

Los familiares y empleados bloquearon la Carretera Mella, lo mismo que la entrada y salida de la clínica hacia el estacionamiento.

Cuando el vehículo que conducía a la fiscal salió del centro, decenas de personas se aglomeraron e impedían su salida, pero la habilidad del conductor sacó a la autoridad del tumulto de personas.

El descenso. En efecto, la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo se llevó la computadora del centro y otros equipos no identificados.

Los médicos dijeron que se trató de un abuso de poder y aseguraron que al menos tres pacientes estaban en grave estado de salud en la unidad de Cuidados Intensivos.

Todos exigían que se les dieran las explicaciones de por qué la intervención y responsabilizaron al Ministerio Público del peligro