La vigencia de la ley 28-01 y la forma en que ha sido distorsionado el régimen de exenciones que la misma establece para estimular la inversión en la frontera, ha hecho volver la mirada hacia esta zona del territorio insular en que parecen disolverse las soberanías dominicana y haitiana.

En las circunstancias actuales, la frontera no pasa de ser un punto de referencia, de un lado para los inmigrantes haitianos que miran hacia el Este en busca de mejor suerte, y del otro para las autoridades dominicanas de Migración, imposibilitadas de controlar con eficacia ese éxodo.

Pero hay más que eso. En las comunidades a ambos lados de la línea divisoria hay condiciones de pobreza extrema que requieren pronta atención, inversiones, empleo, mejora de las condiciones de vida.

Si bueno o malo, por lo menos la ley 28-01 fue un esfuerzo válido para estimular a grupos económicos decididos a invertir en las comunidades fronteriza y establecer en las mismas fuentes de trabajo. Es probable que su vigencia deba someterse a una supervisión más estricta, que impida que se le pueda utilizar para evasión fiscal, como sería el establecer fuertes castigos para quienes amparados en esa legislación, la utilicen para ingresar al país mercancías terminadas, categorizando ese trasiego como contrabando, en vez de evasión, con todas las consecuencias que ello implica.

Al margen de estimular la inversión privada para la generación de plazas de trabajo, las comunidades fronterizas necesitan que el Gobierno establezca un plan de inversiones que las doten de la infraestructura necesaria para atraer inversiones en géneros adaptables a cada una de ellas.

Hay que entender que si son mejoradas las condiciones de vida en la frontera, estimulando la generación de empleos y medios de producción, se contribuye a mejorar la vigilancia para contener la inmigración ilegal.

Hay que volver la cara hacia las comunidades fronterizas, con planes de desarrollo y estímulos para la inversión, pero con una vigilancia celosa para impedir distorsiones, injusticias y perjuicios para el Estado.

Por la paz

La violencia, la inseguridad, la criminalidad y la delincuencia son el común denominador de las preocupaciones de cada dominicano amante de la paz. Las escandalosas cifras de actos de esta naturaleza en que han sido malogradas vidas humanas han desbordado las marcas de otros tiempos y mantienen a todos desconcertados.

Es bueno que los dominicanos de buena voluntad manifestemos nuestra indignación por este estado de cosas, y es bueno que lo hagamos masivamente, en todo el país, simultáneamente. Nada más idóneo para manifestar nuestro repudio a la violencia y nuestro amor por la paz que la caminata convocada por la Conferencia del Episcopado Dominicano para mañana domingo.

La Iglesia Católica, con toda la autoridad moral que le caracteriza, teme que la violencia pueda resquebrajar nuestra sociedad. Esa posibilidad obliga a que, resueltamente, todos los dominicanos asumamos nuestra responsabilidad de enfrentar este mal que nos amenaza a todos. A marchar todos contra la violencia, por la paz.