Hoy 
El comercio ilícito de drogas es, sin lugar a dudas, una de las peores amenazas a que se enfrentan las instituciones y la gobernabilidad en la mayor parte de los países de América Latina.
La capacidad económica de este quehacer monstruoso puede superar el presupuesto de cualquier país pequeño. Esto le da al narcotráfico un poder de penetración e infiltración tremendo, que le permite contaminar las instituciones.
En nuestro país han sido frecuentes, en los últimos tiempos, los despidos y sometimientos de policías y militares adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por apartarse de las normas éticas y disciplinarias de ese organismo. Todo el mundo sabe lo que eso significa.
Pero la gran capacidad económica del mercado de drogas no nace por capricho, no se hace de la nada. Ese mundo maneja una mercancía que alguien demanda en cantidades cada vez mayores, demanda que determina su prosperidad y una rentabilidad enorme.
Por eso, cuando Estados Unidos apela a las frecuentes certificaciones para señalar las cojeras de países pequeños como el nuestro en materia de lucha contra el narcotráfico o para calibrar volúmenes de trasiego de estupefacientes, se nos ocurre pensar que estamos malgastando mucha pólvora en garzas.
Mientras se pierde el tiempo en repartir calificaciones y certificaciones, la variable a la cual el negocio de las drogas debe su rentabilidad, es decir la demanda, sigue creciendo incontroladamente.
No hemos escuchado a Washington asignar certificación alguna a su mercado de demanda, que es el mayor incentivo para quienes viven del malvado negocio de las drogas.
No hay duda de que en esta materia no cabe el dilema de cuál fue primero, si la gallina o el huevo.
Política e institucionalidad
El choque entre el ex presidente Hipólito Mejía y el ex secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general retirado José Miguel Soto Jiménez, es aleccionador en cuanto a poner de manifiesto cómo la institucionalidad de un país puede ser puesta en juego por causa de las ambiciones políticas.
En medio de esta confrontación se ha hecho referencia a intentos de utilizar, en el pasado, el poder militar para tratar de desconocer resultados electorales. Ha sido un simple enunciado sin aporte de evidencias, pero sin réplicas ni desmentidos del lado de la parte acusada.
En estos países, este tipo de proceder ha sido responsable de muchos trastornos políticos e institucionales, pero que el país viene a conocer de manera muy circunstancial.
Son aconteceres que se guardan en secreto hasta que las conveniencias particulares, no nacionales, determinan el momento de desclasificarlos y divulgarlos.
Lo lamentable de todo es que las cosas no pasarán de allí y nadie se encargará de darle un seguimiento minucioso a estos asuntos tan espinosos, no con ánimos de perseguir o sancionar a nadie, sino para el debido registro en la historia institucional del país.
Tenemos que lograr instituciones fuertes y depuradas para que la estabilidad institucional jamás llegue a depender de unas causas tan lamentables.
