Hay unas realidades de las sociedades contemporáneas que no pueden ocultarse en nuestro país y en gran parte del mundo: la urbanización y la concentración en algunas grandes ciudades de la población de los países y sus efectos, que son la hiperconcentración del poder político y económico y la arrabalización de sus periferias por la migración de la zona rural y de poblaciones menores, que forman cinturones de miseria en las crecientes urbes.
La República Dominicana es un ejemplo patético de lo que sucede en el continente americano.

Basta consignar que gracias al crecimiento demográfico que se registró entre los censos nacionales del 2002 y 2010, ocho años en total, ocho curules de la Cámara de Diputados se movieron desde diferentes provincias del país, que debieron cambiarse de demarcación y concentrarse siete de ellos en la provincia de Santo Domingo y uno en la provincia La Altagracia, gracias a su boom turístico; lo que produjo tal efecto que los partidos presionaron a la Junta Central Electoral para que en las elecciones del 2016 no se materializaran esos cambios, al margen de la Constitución vigente.

Si tenemos en cuenta que el próximo censo nacional está previsto para el año 2022, es decir, doce años después, y que la tendencia es empeorar esa tendencia demográfica, tendríamos más de doce nuevas migraciones de curules hacia las inmediaciones de Santo Domingo y quizás algunos hacia Santiago, y como las provincias, que por pequeñas que sean tienen dos diputados cada una, la mayoría en dicha Cámara se decidirá casi totalmente en el Gran Santo Domingo, pues en el interior se daría una paridad forzosa entre las dos fuerzas políticas principales, con las consecuencias negativas que esto puede tener para la democracia dominicana.

En el orden municipal, este proceso de urbanización arrabalizante tiende a producir un estado de anomia en los barrios carenciados, que tienden a generar el control social de los mismos por grupos mafiosos y de narcotraficantes y otros delincuentes que han asumido el liderazgo de hecho en vastos sectores, ante cuyo empuje los que no se sometan a sus designios deben recogerse para evitar agresiones. Pero ese problema requiere de grandes remedios no circunscritos al ámbito municipal.

Lo que sí es posible hacer dentro de los municipios es neutralizar la arrabalización de sus barrios carenciados estableciendo en cada sector de las ciudades centros comunitarios, en los que deben asumir su dirección profesionales técnicos y líderes de la comunidad, aunque bajo administración de los municipios.

Esos centros, que deberián de iniciarse con la organización de dos o tres como planes pilóto, pueden tener los servicios siguientes:

Salas de reuniones comunitarias
Un Centro de cómputos
Una Estancia infantil y de educación pre-escolar
Un consultorio de Atención Primaria
Un Destacamento de Policía Comunitaria
Una Farmacia popular
Una Escuela de Artes y Oficios
Paradas de autobuses
Estafetas de pago de servicios de agua, luz, teléfonos, impuestos, etc.
Servicios de atención psicológica y trabajo social.
Estos centros deben dirigirse a crear un nuevo liderazgo en nuestros barrios, que apunte a desarrollar un espíritu ciudadano, que tienen un gran potencial para desarrollo socioeconómico y político de nuestros jóvenes carenciados en muchos aspectos.