Por: Silvia Soto

Desde la llegada de la pandemia al país, el Ministro de Educación Roberto Fulcar, se ha encontrado de manera permanente envuelto en amplios debates y grandes disyuntivas. El primer debate se originó, cuando los organismos internacionales especializados en el área de la salud, entiéndase la OMS y la OPS, decretaron la necesidad de imponer el distanciamiento físico como estrategia fundamental para detener el aumento de los niveles de contagio del covid-19, lo cual, provocó que el 17 de marzo de 2020, a 16 días de anunciarse el primer caso de coronavirus en el país, se suspenda la docencia en todos los centros escolares.

En ese entonces, el ministro de educación propuso la implementación de un plan de docencia a distancia, basado en la utilización de plataformas virtuales, la televisión y la radio, para garantizar así, que los estudiantes del sistema de educación pública continuaran recibiendo la docencia, decisión que fue acertada, pues según la Unicef, cerca de un 30% de los niños que se mantendrán aislados de la enseñanza, no regresarán a las escuelas.

Esta posición encontró el respaldo de organismos representantes de los derechos de la niñez y la educación a nivel internacional, como la Unicef, la ONU y otras nacionales reconocidas por sus aportes al tema educativo, como Educa. Sin embargo, un sector dentro de la ADP, representante de la corriente peledeísta, prefirió anteponer los intereses políticos por encima del bienestar de los estudiantes pobres del sistema público, al igual que se opuso otro grupo externo del gremio, de referente político opositor al gobierno, y algunas voces aisladas, las cuales dejan entrever la naturaleza pesimista que nos han atribuido históricamente como pueblo, según José Ramón López, se opusieron, arguyendo que no estaban dadas las condiciones para montar el pretendido modelo de educación a distancia y, que el mismo implicaría grandes gastos.

No obstante, el ministro Fulcar de manera valiente apegado a su compromiso de impedir que la brecha educativa entre los estudiantes del sistema público y privado no se expandiera más de lo inevitable, anunció en el mes de agosto su “Plan de Educación a Distancia”, plan que chocó de frente con serias limitaciones estructurales históricas que afectan al país, las cuales debieron haberse resuelto durante la gestión de 20 años del gobierno del PLD.

Dentro de estas limitaciones se encuentran varios temas dentro del área tecnológica. El primero es la gran brecha digital que afecta al país, expresada en el hecho de que según datos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), apenas el 36% de los hogares dominicanos tienen acceso permanente al internet. El segundo es el hecho de que tan solo el 20% de los estudiantes, al momento de iniciar la nueva gestión del Ministerio de Educación, poseían dispositivos tecnológicos. Y el tercero, el poco conocimiento del manejo de las tecnologías de la enseñanza (TIC), por parte de los docentes. Estos temas que debieron resolverse a través del programa “República Digital”.

La otra gran limitación estructural para el funcionamiento de un modelo de educación virtual en el país es de que solo el 50.8% de los hogares dominicanos reciben electricidad 24 horas. El 22% de 10 a 14 horas por día y un 10.8% sólo las recibe de 1 a 9 horas por día, según la Encuesta En el hogar, realizada en 2018.

Echar a andar este gran plan ha implicado la inversión de miles de millones, los cuales se han utilizados en dotar a los estudiantes y docentes, de más de 600 mil dispositivos (la meta en principio son 800 mil), adquiridos con el aval de las Naciones Unidas y en capacitar al personal docente en el uso de los dispositivos tecnológicos y manejo de las TIC, así como en la contratación de decenas de espacios televisivos y radiales para transmitir la docencia.

Podemos admitir que probablemente los estudiantes del sistema público no hayan podido aprovechar o asimilar más de un 40% o 50% de la enseñanza impartida bajo el modelo virtual y a distancia. Pero permitir que los estudiantes desconectados completamente de la docencia, hubiese sido, sencillamente catastrófico para el país, como refieren organismos internacionales.

Hace apenas dos semanas, surgió un nuevo debate, debido a que dada la disminución de la incidencia de la pandemia, en la mayoría de los municipios del país por debajo de un 5%, el Ministerio de Educación, en base a recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de Educación, el Gabinete y el Ministerio de Salud, los cuales establecieron que las condiciones estaban dadas para el regreso a clases, tal como está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo, y en base a la presión ejercida por padres, tutores, y propietarios de centros de estudios privados, aprobó la implementación “Plan de retorno gradual, voluntario y seguro a clases”.

Como protagonista de dicho debate, encontramos, nuevamente a la corriente peledeísta dentro de la Asociación Dominicana de Profesores, alegando falta de seguridad sanitaria, a pesar, de que el personal docente fue del primer grupo en ser vacunado y de que el Ministerio anunció la colocación de puntos de vacunación para que los padres, tutores y entorno de los estudiantes, sean vacunados.

A propósito, sería interesante recordarles a estos docentes, que el personal de salud y los miembros de la Policía Nacional, por citar dos ejemplos, a pesar de ser los de mayor exposición al virus, siempre se mantuvieron en primera línea cumpliendo con su deber, sin haber sido vacunado, que ellos fueron de los primeros grupos en haber recibido la inoculación en el país, y que, actualmente en el mundo quedan menos de 10 países con las escuelas completamente cerradas.

Cabe destacar, que, dado el alarmante aumento de la incidencia del virus en el país, el gobierno y el Ministerio de Educación tuvieron que dar marcha atrás al retorno a las aulas, solo permitiendo que los estudiantes de los colegios privados, que se encuentren en condiciones, lo hagan, y que la revocación de dicho plan de retorno a clase es completamente coherente con la posición del Ministro de Educación, quien en todo momento ratificó, que el mismo dependía del comportamiento de la pandemia.

Es evidente que el ministro, ha tenido que transitar sobre campos minados y remar contra un turbulento mar con vientos huracanados para mantener el sistema de educación a flote y garantizar, que los niños y las niñas pobres reciban el pan de la enseñanza, dentro de esta turbulencia ha enfrentado a una corriente de la ADP interesada más en las orientaciones mezquinas y politiqueras de su partido el PLD, que en el bienestar de la educación del país, a un sector del empresariado representante de la educación privada, al cual el concepto de equidad y disminución de la brecha educativa entre estudiantes ricos y pobres del país le resulta indiferente, y, a grupos de empresarios quienes, gracias a que jugaban con las reglas de juego de las gestiones pasadas, monopolizaron los procesos para elegir suplidores del Minerd, y cuyos intereses se vieron afectados por la implementación de las normas de transparencia por parte de la nueva gestión.

Es cierto, que existen aspectos que el Minerd debe resolver y mejorar, tales como el acondicionamiento de los planteles escolares, el diseño del currículo educativo, temas que tenemos entendido que en este momento el ministerio trabaja a todo vapor, pero, creemos que es justo reconocer que a menos de un año, la nueva gestión, puede exhibir importantes logros, como son: el haber mantenido de manera estoica a los estudiantes pobres conectados con la enseñanza, a pesar de las limitaciones y el dotar de casi 700,000 dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes.

Otro logro es el fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia, al crear en el mes de octubre del año pasado la “Mesa de Veeduría”, conformada por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la ONU, la Confederación de Colegios Católicos, la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), Acción Empresarial por la Educación Básica (Educa) e Inicia Educación, Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), entre otras prestigiosas instituciones, las cuales han expresado en reiteradas ocasiones su satisfacción por la transparencia con la que el Minerd toma las decisiones en materia financiera.

Varios organismos internacionales como Unicef, Unesco, PNUD, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), han reconocido el buen desempeño del país en materia de educación, una expresión de dicho reconocimiento es la elección del ministro Fulcar como presidente del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el período hasta el 2022.

Estamos convencidos de que, dados compromisos manifiesto por el gobierno central, la visión del Ministro Fulcar, una ciudadanía vigilante, y el compromiso de los distintos actores del sistema educativo, el país finalmente podrá dar el esperado y necesitado salto hacia una educación de calidad, y abandonar así, los nefastos últimos 4 lugares, que en desempeño educativo, las estadísticas mundiales nos han asignado.