Aunque usualmente lo urgente desplaza de la agenda lo importante, no quiere decir que deje de tener valor. Así sucede con la salud, en términos generales, y de manera específica con la salud mental.

Y es que la agenda país suele estar dominada por temas vinculados al acceso a recursos para el consumo y la producción y por lo temas políticos-partidarios, de tal manera que el espacio para los temas de carácter social es mínimo.

De hecho, todas las encuestas publicadas en los últimos tres meses, para decir un período, revelan que la población considera como sus problemas principales la inflación y la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, cuando se considera que la salud mental es una dimensión fundamental del bienestar y el desarrollo de una sociedad, es imposible no establecer que si bien no sale enlistado en las prioridades ciudadanas, su incidencia es transversal en todas las problemáticas y, además, es un eje fundamental para enfrentar correctamente los efectos asociados.

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La salud mental incide en la respuesta adecuada a la violencia, a la delincuencia, al desempleo… y los trastornos de salud mental reducen la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas.

De ahí la urgencia que el Estado tome acciones contundentes para su protección y garantía. Y parte de lo que urge hacer es cambiar el enfoque sobre este tema, debido a que se suele reducir al elemento clínico y patológico, cuando lo correcto sería abordarlo desde una mirada psicosocial. Esto permitiría no concentrar la atención en las enfermedades mentales, pues la salud mental es mucho más que eso, sino ampliar el espectro para incluir, con la primacía que merece, la necesidad de brindar bienestar a la ciudadanía.

Otro elemento a cambiar es la visión de que la respuesta a la salud mental debe darse sólo desde el Ministerio de Salud Pública, lo que es falso. Lo correcto es que sea integral y que cada entidad pública contemple y ejecute acciones a favor de la salud mental. Por último, pero para nada menos importante, es el tema de la inversión. La necesidad de aumentar los recursos que el Estado destina a salud mental. Como ustedes se imaginarán es muy poco ya que en promedio, la inversión que hace República Dominicana en Salud Pública es un 2% del PIB, por debajo del 6% mínimo que recomienda la OMS. En el caso de la Salud Mental, la inversión promedio apenas llega al 0,4%. Entonces me parece que ha llegado el momento de que el Estado dominicano no solo invierta más en lo social, sino que invierta mejor y esto pasa por priorizar y aumentar la inversión en áreas que garanticen el cumplimiento de derechos y dignidad humana. Hay que dejar de ver los recursos destinado a lo social como gasto y verlo como derechos.

Sabemos que, gane quien gane las elecciones, al próximo Gobierno nadie le despinta una reforma fiscal, urge entonces que una de las premisas de ese proceso sea que hay que dedicar más recursos a la salud. De igual manera, en el corto plazo, las revisiones tanto al Plan de Salud Mental como a la Ley de Salud Mental, debe incluir la participación del sector social. Hay entidades plurales y muy bien articuladas que tienen mucho que decir y aportar en este tema por lo que merecen ser tomadas en cuenta.

Tal es el caso del Colectivo Salud Mental que recientemente reunió a más de 40 organizaciones de la sociedad civil y emitieron un posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil para la efectiva implementación de las leyes y políticas públicas sobre salud mental en la República Dominicana.

En fin, se trata de entender que ninguna política pública, ninguna meta privada, ninguna aspiración personal se ha de cumplir sin salud mental, de modo que hay que priorizarla y garantizarla para todos y todas. ¡Basta ya de que sea la gran cenicienta!