El Gobierno ha puesto a la vista de todos su propuesta de la reforma tributaria con la que persigue  un consenso para una reforma fiscal. Aspira  con esto conjurar parte del  déficit fiscal ejerciendo sobre las clases media y baja una parte considerable de la presión tributaria adicional, al grabar renglones de mucha demanda en esas franjas sociales. Además, se temen efectos adversos sobre esos segmentos  por vía de eventuales pérdidas de empleos de zona franca  y el turismo.

Pero el Gobierno no ha dicho todavía cuáles serán las reformas que introducirá en el gasto público, uno de los principales causantes del déficit fiscal que limita su  capacidad de maniobra. Ese componente también debería ser consensuado, como parte del conjunto de la reforma fiscal. Aunque el actual Gobierno invoca criterios austeros, hay que ver cuál será la estrategia a aplicar para que el gasto público crezca en términos cualitativos, pero manteniendo una cuantía  sostenible.

Las causas estructurales del déficit fiscal están vigentes y tienen que ser superadas. La reforma tributaria propuesta todavía se acoge mucho al esquema anterior. Aunque el actual criterio de manejo de la economía es diferente al anterior, es necesario un énfasis especial en el manejo del gasto público, que es la parte todavía incógnita de la reforma fiscal que se pretende consensuar.

¿Estamos preparados?

Cada vez que en este país se ha modificado el régimen tributario para afectar productos de alta  demanda, ha traído como consecuencia especulación comercial. Bajo los argumentos más diversos y hasta risibles, el comercio se las ha arreglado para elevar los precios más allá de la proporción que correspondería en justicia. No vemos motivos para pensar que pueda resultar diferente en esta ocasión, cuando se plantean reformas al régimen  tributario, como parte de una reforma fiscal,

 El Gobierno debería buscar los medios para evitar que la ampliación de la base del ITBIS y el alza de este impuesto sirva de pretexto para una especulación comercial desmedida que perjudicaría aún más a los consumidores, sobre todo a los de clases media y baja. A falta de control de precios, hay que estar preparados para aminorar en lo posible  la presión especulativa contra la población.