La gran tarea pendiente

La gran tarea pendiente

EDUARDO JORGE PRATS
Hay un ámbito de la organización del poder en donde no ha penetrado el Derecho como modo de organización social: la Administración Pública. Que la Administración no esté sometida al Derecho, no obstante las proclamaciones formales de las leyes, se debe a un hecho fundamental: la inefectividad (o real inexistencia) de un régimen de Derecho Administrativo. 

Y ésta es una de las carencias fundamentales de nuestro incipiente Estado de Derecho. Allí donde el ciudadano no puede reclamar el cumplimiento por las autoridades y funcionarios ejecutivos de las normas jurídicas, no puede hablarse de la vigencia efectiva de un Estado de Derecho, por más democrática que sea la elección de los gobernantes y por más independientes que sean los miembros del Poder Judicial. Es esta carencia la que explica en gran medida que los dominicanos hayamos sufrido la más larga transición democrática de América.

Es la sumisión de la Administración al Derecho lo que explica el éxito de la transición española pues, en España, el Estado de Derecho precedió a la democratización del poder. Esta sumisión se logra allá a partir del establecimiento de un control administrativo y judicial de la Administración que acostumbró al ciudadano de a pie a reclamar al Estado antes de que existiese un régimen de libertades públicas.

¿Por qué no se afinca en nuestro país este régimen de legalización de la actuación administrativa? En otras ocasiones, hemos afirmado que esto está conectado con la naturaleza sultánica del régimen trujillista. Como bien explica Jonathan Hartlyn, las transiciones desde regímenes sultánicos a la democracia son más complicadas y difíciles que allí donde no existe sultanismo. De ahí que un Franco o un Pinochet sin intereses patrimoniales en el Estado estaban más dispuestos a someter la actividad administrativa al ordenamiento jurídico que un Trujillo que, al tiempo de ser Jefe político de la nación, era, además, el principal empresario privado y el presidente de las empresas estatales.

No cabe duda que debemos domesticar a la Administración mediante la consolidación de una jurisdicción contenciosa administrativa bajo el imperio de la Suprema Corte de Justicia y una Ley de Procedimiento Administrativo común a toda la Administración, central o municipal, dependiente del Ejecutivo o autónoma. Sin un régimen de Derecho Administrativo, sin una burocracia profesionalizada y ajena a los intereses partidarios y privados, sin un marco legal que regule la actuación del Estado y sin un control judicial de los actos administrativos, no puede haber institucionalidad ni seguridad jurídica que cree el entorno adecuado para atraer, mantener y aumentar la inversión nacional y extranjera.

Es precisamente la ausencia de este régimen administrativo lo que explica por qué no avanza en nuestro país la reforma del Estado, el combate contra la corrupción administrativa y la consolidación de un clima adecuado al desarrollo empresarial y económico de la nación. ¿Cómo puede haber adecuada regulación económica si los reguladores públicos no son autónomos del poder político y actúan por tanto de manera arbitraria? ¿Cómo puede lucharse contra la corrupción pública si no están sentadas las bases para la existencia y funcionamiento de una burocracia eficiente y profesionalizada? ¿Cómo puede haber seguridad jurídica para empresas y ciudadanos si el Estado no está sujeto a la legalidad porque no existen procedimientos administrativos formalizados ni la actuación estatal está sujeta a control judicial?

La consolidación de un régimen de Derecho Administrativo para el Estado es tan importante como la reforma constitucional. La inexistencia de este régimen es lo que explica la inefectividad de la Constitución y de las leyes y por qué es tan difícil en la República Dominicana lograr que la normatividad se vuelva normalidad. El tránsito del ser al deber ser no se logrará hasta tanto la Administración no sea sometida a Derecho. El momento es propicio: la crisis fiscal del Estado, el desgaste de los partidos y la inserción en esquemas regionales de comercio indican que el clientelismo está agotando al límite las capacidades del sistema político para procesar las demandas de la población. El Estado que tenemos no da más y, si no queremos sucumbir como Estado fallido o democracia populista plebiscitaria, tendremos que emprender de una vez por todas esta difícil pero ineludible tarea pendiente.

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