ANTIGUA, Guatemala. AFP. Cuarenta años después de lanzada por Washington, la guerra antidrogas estará en tela de juicio en la Asamblea General que inició hoy la OEA, confrontada al reto de consensuar alternativas que paren la violencia desatada por el tráfico y consumo de cocaína en América.  

A 45 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca, en la ciudad colonial de Antigua se inauguró esta noche el 43 período de sesiones de la asamblea de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la asistencia de tres presidentes y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.  

El debate, que reúne hasta el jueves a 28 cancilleres y delegados de los 34 miembros activos, girará en torno a la búsqueda de nuevas estrategias, tras el reconocimiento de que la política antidrogas estadounidense, basada en la represión a la producción y distribución, es un fracaso.  

«Un debate largamente esperado (…) para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no a todos por igual (…), los más vulnerables ponen la cuota más pesada de violencia», afirmó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.  

Decenas de miles mueren en América Latina por la violencia asociada a las drogas, mientras el multimillonario negocio de los narcos sigue viento en popa: cambian rutas, sofistican métodos, abren nuevos mercados y aumentan operaciones de lavado de dinero, pese a los decomisos, capturas y extradiciones.  

Una cuerda sensible: la legalización. La asamblea, en cuya inauguración el presidente anfitrión Otto Pérez estará acompañado de los mandatarios Laura Chinchilla (Costa Rica) y Danilo Medina (República Dominicana), se celebra en el país que hace un año puso el dedo en la llaga.  

El debate se basará en un informe hecho por la OEA, por mandato de la Cumbre de las Américas de 2012 de Cartagena (Colombia), la cual acogió la idea de Pérez de buscar alternativas a la guerra antidrogas.  

El estudio esboza cuatro escenarios posibles e independientes frente al flagelo: el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad, la despenalización de las drogas, la capacidad de reacción desde la comunidad y la ruptura de la cooperación entre países consumidores y de tránsito.  

«Se ha tocado una cuerda sensible de mucha gente que no creyendo que haya que liberarlo todo y cambiar todo de un día para otro, creen que es necesario reexaminar la política antidrogas», manifestó Insulza.  

Aunque sin consenso, la despenalización gana terreno. La marihuana es legal para consumo recreativo en Colorado y Washington, en Uruguay se pretende legalizar y regular la distribución y en países como Argentina y Brasil se avanzó en despenalizar el consumo personal.  

Al menos 14 países de Latinoamérica están interesados en impulsar una nueva política, incluidos los de Centroamérica, Uruguay, Colombia y México, según el canciller guatemalteco, Fernando Carrera.  

No es casual entonces que Washington envíe a Antigua a pesos pesados. En su primera visita oficial a América Latina, Kerry reafirmará a los cancilleres la estrategia de Estados Unidos, según su subsecretaria adjunta para la región, Roberta Jacobson.  

«Ninguna entidad internacional va a dictar la legalización, ciertamente no a los Estados Unidos», dijo hace poco contundente el subsecretario encargado de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, quien integra la delegación con Jacobson y el zar antidrogas Gil Kerlikowske   Pero para Carrera ya se rompió un «tabú» en política de drogas: «Se pensaba que ya todo estaba dicho y que lo único que había que hacer era aplicar un paradigma de manera ciega».  

Monstruo de siete cabezas. El informe de la OEA propone abordar el problema desde una perspectiva en la que prevalezca la salud pública frente a la seguridad, primando la prevención y el tratamiento.  

Según la OEA, 45% de los consumidores de cocaína en el mundo, la mitad de los que consumen heroína y opiáceos y una cuarta parte de los que fuman marihuana, vive en América, segundo continente más violento del planeta -después de Africa-, con 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media mundial.  

Pero, además, las drogas mantienen un negocio ilícito -la ONU calcula en unos 85.000 millones de dólares la venta mundial de cocaína, 35.000 millones en Estados Unidos-, que altera las economías, corrompe las instituciones y deriva en atrocidades contra las personas.  

«Una economía ilegal que se eleva a los miles de millones de dólares y es operada por redes delictuales transnacionales, expande sus acciones al tráfico ilegal de armas, al contrabando, a la piratería, a la trata de personas, la prostitución, el secuestro y la extorsión», advirtió Insulza.  

Grupos de la sociedad civil pidieron a la OEA convertir «los derechos humanos en el centro del debate».  

«Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales», afirmó en un comunicado Human Rights Watch (HRW), al pedir a los gobiernos promover políticas para despenalizar el consumo personal.  

La Asamblea también tocaría la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que Caracas y sus aliados acusan de supeditarse a intereses estadounidenses, y temas de actualidad del continente como la crisis política de Venezuela.