España. – La hermana del rey de España, Cristina de Borbón, se sentó por primera vez en el banquillo este lunes, aunque con la esperanza de estar en él poco tiempo, imputada de fraude fiscal en un juicio por corrupción protagonizado por su marido.

En la primera sesión de un macrojuicio que debe durar hasta junio, tanto su defensa como la fiscalía desplegaron un arsenal de argumentos ante tres juezas de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, para intentar que la infanta no sea procesada.

Pero a la espera que el tribunal decida, Cristina, de 50 años, tuvo que sentarse junto a los otros 17 acusados en una sala presidida por el retrato de su hermano, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014. «¡Los Borbones, a los tiburones!», «¡España, mañana, será republicana!», gritaban manifestantes a la puerta del tribunal. Vestida con pantalón, chaqueta negra y fular rojo y blanco, la hermana del rey había llegado junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, exmedallista olímpico de balonmano de 47 años. La pareja vive desde 2013 en un exilio dorado en Ginebra junto a sus cuatro hijos.

La segunda hija de Juan Carlos I enfrenta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) por Urdangarin y un exsocio de éste, Diego Torres. Los dos hombres están acusado de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente. La infanta siempre ha asegurado desconocer esos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la Corona. «Todo esto es un trago de gusto malo para la monarquía y yo imagino que está Felipe VI muy contrariado», decía a la AFP José Apezarena, biógrafo del monarca.

‘Un privilegio’. «No habrá ningún juez valiente en este país que vaya a enviar a la cárcel a la infanta Cristina», se lamentaba Francisco Solana, desempleado de 45 años, con una bandera republicana sobre los hombros.

Manifestaba ilustrando la indignación de millones de españoles ante la multiplicación de escándalos de corrupción durante los durísimos años de la crisis económica.

Urdangarin y Torres son sospechosos de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

Después, esos beneficios fueron supuestamente desviados a empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.

La hermana del rey enfrenta una petición de pena de 8 años pero únicamente por parte de una acusación popular -la asociación ultraderechista Manos Limpias-, dado que ni la fiscalía ni la Hacienda pública actuaron contra ella.

Ahí radica su esperanza de escapar al juicio: una hora después de la apertura del proceso, su defensa argumentó que no puede ser juzgada si únicamente la acusa una acción popular.

«Lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional», afirmó uno de sus abogados. También se manifestaron en este sentido la abogada de la Hacienda pública y el fiscal.

Este último dijo incluso disponer de un nuevo informe según el cual la infanta no cometió delito fiscal. La acusación popular es un derecho recogido por la Constitución, defendió por su parte la representante de Manos Limpias. «Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto no pueden ser de aplicación doctrinas anacrónicas» que equivaldrían a «un privilegio», aseguró.

Durante la instrucción, Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta, a su padre y a la Casa Real de todos sus negocios. Sin embargo, Torres siempre defendió que Juan Carlos I estaba al corriente de la actividad de Nóos.

«La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba», reiteró el domingo en una entrevista televisiva. Este lunes su abogado volvió a pedir que Juan Carlos y Felipe VI comparezcan como testigos, lo que la justicia ya había denegado. acc/mck/an España-corrupción-sociedad-monarquía