Bogotá, (EFE).- América Latina no tiene una sola voz ni una legislación homogénea respecto a la posesión y consumo de marihuana, una droga cuya posible legalización en California ha provocado críticas de Gobiernos que llevan años batallando con el narcotráfico.

Incluso se da la paradoja de que algunos de estos países, como es el caso de México, tienen una legislación permisiva con el consumo de marihuana, una práctica muy extendida en el mundo a la luz de las cifras del organismo de la ONU para el tema de las drogas.

Según la UNODD, en 2008 entre 128 y 190 millones de personas habían consumido cannabis (marihuana) al menos una vez en el último año y había «indicios de producción de cannabis en casi todos los países de la tierra».

El próximo 2 de noviembre los californianos decidirán si están de acuerdo o no con que en ese estado los mayores de 21 años puedan cultivar marihuana en pequeñas parcelas, así como poseer, procesar, compartir y transportar cantidades menores de esa droga «blanda».

La propuesta plantea además que las autoridades locales regulen y graven el cultivo y la venta de marihuana, lo que según sus promotores generará 1.400 millones de dólares entre los impuestos y los ahorros que se harán al no perseguir la droga.

En América Latina hay países donde una persona puede fumarse en una plaza un cigarrillo de marihuana sin problema alguno y otros donde por lo mismo se puede acabar en la cárcel.

En México, donde en los últimos cuatro años han muerto más de 28.000 personas a causa de la violencia vinculada al crimen organizado y cuyo mandatario, Felipe Calderón, declaró recientemente que de ser aprobada la Propuesta 19 en California, su nación estaría «en un serio aprieto», se permite el consumo de marihuana.

En 2009 el Congreso mexicano aprobó una ley que libra de acción penal a quienes tengan en su poder un máximo de 500 miligramos de cocaína, ó 50 miligramos de heroína, ó 40 miligramos de anfetamina, o dos gramos de opio o cinco gramos de marihuana.

El 58,7% de los mexicanos, según una encuesta publicada hoy, están «en total desacuerdo» con legalización de las drogas en general.

En Colombia, cuyo presidente Juan Manuel Santos ha planteado la necesidad de una redefinición de la estrategia antidrogas al calor de la polémica por el referendo californiano, está prohibido el porte y consumo de drogas, sin hacer distinción de sustancias, desde 2009, a partir de una reforma constitucional.

Este heterogéneo panorama se repite en todo el continente, en el que, según el más reciente informe de la UNODD, entre 38,21 y 40,03 millones de personas entre los 15 y los 64 años habían consumido cannabis en 2008 al menos una vez en los últimos 365 días.

De estas personas, cerca de 30 millones, son de Norteamérica, región que también registra un incremento de los cultivos de marihuana en interiores (invernaderos).

En Argentina, donde también se da el cultivo en interior, está despenalizado el consumo de droga y la Corte Suprema creó un precedente en 2009 al no penalizar la tenencia siempre y cuando no se exhiba la sustancia.

También en Uruguay el consumo de drogas está despenalizado y solo se persigue la producción y la comercialización de sustancias adictivas, sin distinciones entre drogas duras o blandas.

Por el contrario, en Chile, donde se registra, según UNODD, la mayor prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Suramérica, con el 15,6 por ciento, en comparación a la población en general, está penalizado el consumo y es considerado narcotráfico el cultivo de plantas que sirvan de materia prima para drogas tanto para uso personal como para uso comercial.

La Constitución de Ecuador señala que las adicciones son un problema de salud pública y que en ningún caso «se permitirá la criminalización», pero una ley de 1990 contradice esa disposición, al señalar que la tenencia para uso personal será castigada con un mes a dos años de prisión.

Además, la comercialización de cualquier estupefaciente es sancionada con penas de 12 a 16 años de reclusión.

Venezuela cuenta desde 2006 con una norma que prohíbe la tenencia de cualquier tipo y cantidad de droga, aunque contempla la posibilidad del consumo personal.

En tanto, en Bolivia, cuyo presidente, Evo Morales, defiende a capa y espada el uso tradicional de la hoja de coca, pero no es partidario de legalizar ninguna droga, esta prohibido la tenencia y el comercio de drogas y si es alguien es sorprendido con una cantidad mínima para consumo personal es llevado a rehabilitación.

En Paraguay, que según la Secretaria Nacional Antidrogas en 2008 contaba con una extensión del cultivo de marihuana de 6.000 hectáreas, la tenencia de drogas está penalizada, aunque hay una propuesta en el Parlamento para reglamentar el cultivo, comercialización y consumo del cannabis.

Según el código penal de Perú, no es delito la posesión «para el consumo propio e inmediato» de ciertas cantidades de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína o marihuana.

En cambio, Brasil penaliza las drogas, pero establece diferencias entre el consumidor y el narcotraficante, con penas alternativas a la reclusión para los usuarios de drogas, como la prestación de servicios a la comunidad.

En Cuba se considera ilegal la producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia de drogas, tanto duras como blandas, mientras que República Dominicana prohíbe el consumo de drogas, incluida la marihuana, aunque generalmente las penas que se aplican a los consumidores y traficantes de esa droga son menores a las condenas por cocaína, éxtasis y heroína.

De otra parte en Centroamérica, en donde, según la ONU, entre 600.000 y 540.000 personas entre los 15 y 64 años han consumido marihuana en el último año, sólo en Costa Rica no se penaliza la tenencia de cannabis para uso personal, pero sí su tráfico y siembra, al igual que el porte de las demás drogas. EFE