AMPARO CHANTADA
Nuestro marco conceptual establece la diferencia entre los conceptos de equidad y de igualdad, como dos vertientes de la idea clásica de justicia social. La equidad apunta a la igualdad de oportunidades individuales para la satisfacción de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente.

Esto exige del Estado un marco de políticas generales que lleven a asegurar una vivienda, educación y salud a todos y políticas correctivas del mercado cuando esto no se da. La igualdad, por su parte, apunta a la menor distancia aceptable entre categorías sociales respecto del poder y la riqueza, supone  un techo y una acción redistributiva, y no sólo correctiva  por parte del Estado. Toda persona, por el solo hecho de nacer en un país, debe tener acceso a un mínimo de subsistencia digno; es el principio de equidad.  La desigualdad es anti solidaria, es un problema para toda la sociedad.

Lo que queremos decir es que se debe distinguir entre ambos principios y considerar a ambos como imprescindibles. El primero, porque su ausencia afecta y destruye a las personas. El segundo, porque su ausencia afecta y destruye al país como comunidad. De modo que no parece adecuado sustituir un principio por otro, como lo ha venido haciendo un cierto discurso que enfatiza sólo ya sea el acceso de todos a las oportunidades, ya sea la reducción de la pobreza, pero no se preocupa de la distancia entre ricos y pobres o entre débiles y poderosos.

La doble percepción y valoración de la equidad e igualdad como cosas distintas, lleva a sugerir que toda política de equidad tenga un componente simbólico y efectivo de tipo redistributivo. Y estas políticas redistributivas deben abarcar las igualdades económicas o de ingresos, las educacionales y las ciudadanas que se expresan en la capacidad de acción frente a los poderes estatales y societales. ¿Cómo pueden traducirse en políticas públicas esta valoración y demanda de igualdad? A nuestro juicio,  la política social tiene por finalidad la producción de las condiciones que aseguren la existencia de la sociedad como tal.
Ello significa un cierto nivel de igualdad entre sus miembros, una calidad de vida definida de acuerdo a la diversidad cultural de quienes la forman, y la existencia y desarrollo de actores y redes sociales que le den sustento a la ciudadanía.

De modo que la igualdad aparece como uno de los objetivos de una política social que no sea un listado de medidas heterogéneas sin algún hilo conductor. Y ello significa que la política social no puede reducirse a la disminución o eliminación de la pobreza, por importante que ello sea y debe abarcar necesariamente la dimensión redistributiva. Si la pobreza o la inequidad hacen miserable la vida de las personas afectadas, la desigualdad hace estallar la idea de una comunidad o un país.

Hacer de la igualdad un objetivo implica, entre otras cosas, relevar la importancia de las tres igualdades básicas: económica, educacional y ciudadana o cívica; dar una señal de que se afecta a los poderosos y se dignifica a los más débiles, es decir, que hay redistribución de poderes, riquezas y capacidad de acción; recuperar la visión de un Estado protector, eficiente y transparente que muestra la voluntad de priorizar la igualdad como meta de sus políticas y estimular la movilización solidaria de la gente; incorporar en los diagnósticos socioeconómicos indicadores de igualdad, y en las políticas gubernamentales metas definidas y mensurables de igualdad como las que existen para la política económica en términos de inflación o crecimiento.

 Si queremos un país que no sea una masa fragmentada o una suma de individuos compitiendo en el mercado, la igualdad no puede esperar. La razón de esta reflexión, sencilla, sin referirme a la interpretación marxista del Estado, ni en el carácter de clase del Estado dominicano guiado por la  “ideología boschista” surge al leer cuatro noticias en el Hoy: 1º la cuantiosa inversión que la CAASD (instrumento técnico del Estado) acaba de realizar RD$350 millones de pesos (saneamiento y arte público, anfiteatro y cascada, en Las Praderas: esos terrenos fueron urbanizados por constructoras privadas, entre ellas la empresa Bisonó, con esa laguna en el medio de las edificaciones residenciales. Esto supuso la aprobación de la SEOPC y del Ayuntamiento del D.N.) con el conocimiento de que esa laguna iba a constituir un problema ambiental para los residentes.

2º En la zona metropolitana de la ciudad de Santo Domingo, objeto de un plan de competitividad turística y de un plan indicativo, más de 1,5 millones de personas esperan por la terminación de un acueducto con una planta que tratara 4 m3 de agua por seg. y que resolverá las necesidades en agua potable del municipio de Santo Domingo Oriental (sin contar la demanda que generara el proyecto privado Sans Soucí, en esa demarcación!!), acueducto que se inició hace diez años.

3º En la misma zona, poblaciones pobres ubicadas en la ciudad Satélite III  reclaman al Presidente de la República títulos de propiedad, para asegurar las inversiones que realizaron, porque  no pueden contar con una vivienda por parte del Estado dominicano, por la  exigua asignación que en el Presupuesto de la Nación, se le reserva al renglón inversión publica,  “vivienda social” pero no así al renglón “saneamiento ambiental”  y “ornato” de Las Praderas y los barrios que circunden.

El concepto de justicia social que tiene el Estado Dominicano actual, cuestiona las constantes referencias que hacen sus ejecutivos al profesor Juan Bosch y a la Constitución de 1963: ni intentan  imitarlo en los hechos contrario a lo que afirma la propaganda electoral.