El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se inició con buen pie como mandatario del país más poderoso del mundo. 

En menos de una semana de ejercicio, Obama inició acciones concretas para cerrar el centro de detenciones de Guantánamo  a todas luces ilegal, prohibió terminantemente la tortura de prisioneros; designó negociadores de alto nivel para la paz  en Irak y Afganistán; dio un impulso vigoroso a la recuperación económica de su país, dió inicio a la creación de  mecanismos de control para evitar que grupos avariciosos y delincuentes de cuello blanco se apropien de la riqueza de la ciudadanía; urgió la creación de tecnologías que ahorren combustible y protejan el medio ambiente, entre otras medidas, y como podía esperarse, prohibió que los salarios y demás emolumentos  de la administración pública sobrepasen un tope de US$100,000 anuales, lo que equivale a RD$300,000 mensuales.

Si tenemos en cuenta que en este pequeño, empobrecido y subdesarrollado país, hay en la actualidad centenares de funcionarios que superan con mucho esa cifra de ingresos, entre salarios, otros estipendios y gastos, aparte de comisiones, tráfico de influencias y otros “negocios” a que nos tienen acostumbrados; estamos en presencia de un estado de inmoralidad y corrupción pública en verdad desolador.  Añadimos la designación de decenas de secretarios y centenas de subsecretarios de Estado supernumerarios, y miles de puestos diplomáticos, consulares que llegan a la obscenidad. Con este ejemplo a la vista, no debe sorprender que en casi todas las actividades de la administración pública, de las Fuerzas Armadas y la Policía, los empleados del Estado traten de “buscársela”.

En  esa atmósfera deletérea, la delincuencia mayor se apodera del país, en la que la participación de oficiales y clases de nuestros cuerpos armados es cada vez más evidente.

La inseguridad y el narcotráfico, asaltos y secuestros,  contrabando y la extorsión  que padecemos son la lógica consecuencia del estado de corrupción y violencia generalizados que existe; lo que genera el peligro de la creación de grupos de autodefensa y actividades paramilitares auspiciados por empresarios, como sucede en Colombia y en México, que apuntan a la creación de un narcoestado o en “default”.

Sin dudas,  la honestidad empieza por casa. Al gobierno toca frenar la rapacidad burocrática que  desbordó  los límites concebibles, mientras más de la mitad de la población no tiene con que subvenir sus necesidades más elementales.

Es tiempo de que el gobierno imponga topes máximos a la renumeración de todos los funcionarios públicos y de evitar que éstos se  lucren indebidamente de sus posiciones que hacen contraste escandaloso con la situación de miseria que padece gran parte del pueblo dominicano.