En República Dominicana muchos desconocemos un dato fundamental para entender el rol del Estado: hoy, ante unas nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad y un redimensionamiento del rol de la sociedad, las misiones del Estado, conforme manda nuestra Constitución, no corresponden a las del Estado interventor sino que se vinculan con el rol que el Estado crecientemente asume al  regular la economía y garantizar los derechos fundamentales de las personas que habitan el territorio nacional.

Este hecho trascendental, que hoy el Estado es fundamentalmente un Estado regulador y no interventor, no significa que el Estado propenda a ser un Estado mínimo como propugnan los neoliberales sino que sus misiones se despliegan en el terreno de la supervisión de los agentes económicos en lugar de actuar como un empresario más. Tampoco significa que el Estado no puede actuar como empresario pero, como lo exige el principio constitucional de la subsidiariedad, esa actuación empresarial solo es jurídicamente válida allí donde el sector privado no es eficiente y, en todo caso, el Estado, en virtud del principio constitucional de la igualdad de tratamiento de las empresas, no puede dar un trato preferencial a sus empresas en detrimento de las privadas. Y, lo que no es menos importante, allí donde el Estado actúe válidamente como empresario, el regulador de ese sector no puede confundirse con el operador económico estatal: de ahí la importancia de las administraciones reguladoras independientes que establece nuestra Constitución.

Todo esto tiene una serie de implicaciones prácticas. Si el Estado insiste en continuar con actividades empresariales en sectores económicos donde los particulares son eficientes – como es el caso del Banco Nacional de la Vivienda, que se supone sea un banco de segundo piso como lo quiere la Ley Monetaria y Financiera y no un banco comercial como lo pretende su ley orgánica – y en realizar intervenciones en los mercados con instrumentos paleolíticos como el control de precios, distrae recursos humanos y materiales imprescindibles para acometer las tareas estatales de controlar, fiscalizar, supervisar, sancionar, y resolver las controversias entre agentes económicos que la función constitucional de la regulación exige.

En otras palabras, un Estado que persiste en ser interventor de una economía y de una sociedad que exigen del Estado una actividad de regulación se convierte a fin de cuentas en un Estado débil y que, además, incumple con su misión, no tanto de prestar directamente los servicios públicos que la sociedad exige, sino más bien de garantizar que éstos sean prestados por los particulares solos o en asociación con el Estado en condiciones de igualdad, accesibilidad, universalidad y calidad, como quiere y manda la Constitución.

La discusión de la reforma fiscal y del presupuesto pasa por una redefinición del Estado en línea regulatoria. De lo que se trata ahora no es tanto de tener mayor o menor Estado sino de construir un Estado eficiente, un Estado capaz de regular la economía, de cumplir con las funciones del Estado Social que no son asumidas por los privados y de garantizar que los poderes privados del mercado no arrasen con los derechos de las personas. Un Estado que en lugar de construir carreteras y puentes propicia que el sector privado solo o en asociación con el Estado construya esas valiosas infraestructuras.

Un Estado que, en vez de prestar directamente los servicios públicos, regula que estos servicios a cargo del sector privado sean prestados en las condiciones constitucionalmente exigidas, con respeto a los derechos de los usuarios y vigilando que los sectores carenciados accedan a un servicio universal. Por eso, la nómina de un Estado regulador no es la misma que la de un Estado interventor: tanto en número de empleados como en salario y formación. Y es que un Estado regulador necesita economistas, expertos en gestión pública, abogados, técnicos en las más diversas ramas, bien remunerados y capaces de evitar ser capturados por el sector privado y de supervisar adecuadamente los sectores económicos regulados. 

Lógicamente un Estado regulador no puede ser un Estado clientelar. De ahí la importancia de la reforma política y electoral reclamada por Miguel Vargas como presidente del principal partido del país. Sin esta impostergable reforma, el déficit fiscal será recurrente como mecanismo cíclico electoral para garantizar el continuismo partidario, a costa de los contribuyentes y con la indiferencia de los polizones o “free riders” que, en todas las clases sociales, les da sencillamente lo mismo que aumenten unos impuestos que, o no pagarán, o sencillamente no les afectan.