En los asuntos más importantes, para el devenir de su nación, quienes ejercen el poder en Haití solo marchan por la vía que corresponde cuando se les presiona. Lograr que celebraran elecciones que postergaban ilegalmente fue resultado de intensos reclamos de la comunidad internacional a través de altos jefes de la diplomacia. Inaceptablemente las autoridades del vecino país invocan derechos soberanos solo cuando son hostiles a República Dominicana, falseando realidades y trabando el comercio sin respeto a la reciprocidad. Haití agrede impunemente a este país y no debería esperarse a un arbitraje internacional para imponer respeto entre los dos Estados.

Las naciones poderosas que velan por los derechos de los inmigrantes (los que en verdad reciben un trato justo de este lado con escasas excepciones) deberían influir también para que los haitianos no quebranten la convivencia que sería favorable a todos. La Unión Europea (que ya criticó a Haití por la veda) Estados Unidos, Canadá y la propia ONU deben fijar una enérgica posición de rechazo a los hostilidades haitianas. Legítimos intereses empresariales y de subsistencia de haitianos y dominicanos a ambos lados, han movido a protestas contra medidas que desabastecen a los haitianos pobres y lesionan a sus proveedores. Un encono que no toma en cuenta la buena voluntad y el alto costo que para este país ha tenido la regularización.

Un absurdo para mayor desgracia

Si las leyes dominicanas permiten tratar como “simple infracción” de tránsito la violación de la luz roja de los semáforos aunque cause lesiones graves a personas inocentes, muertes o daños materiales considerables, no se necesita más para comprender que en este país no existe barrera contra ciertos excesos y temeridades que pueden costar vida. El chofer que atropelló a dos niñas, causando lesiones severas a una, fue dejado en libertad en base a ese criterio.

Determinadas violaciones a las normas de circulación deben implicar sanciones de carácter penal. La irresponsabilidad de conducir con desprecio a las reglas establecidas para garantizar que el ciudadano circule por espacios públicos sin riesgos para su integridad debe conllevar duras sanciones, a tono con el potencial de daños a terceros que la conducta implica.