Lisboa. EFE.- La huelga de cuatro días convocada por una parte de los trabajadores de la aerolínea portuguesa TAP y que comenzó hoy no alteró su normal funcionamiento durante las primeras horas de la jornada, tras la decisión del Gobierno luso de decretar la “intervención civil” de la compañía.  

Aunque nueve de los doce sindicatos que convocaron inicialmente este paro para protestar por su próxima privatización llegaron finalmente a un acuerdo con el Ejecutivo para retirarse, todavía hay tres -agrupan a cerca de la mitad de todos sus empleados- que mantienen oficialmente la movilización.

No obstante, incluso esos tres sindicatos recomendaron a sus afiliados ocupar sus puestos hoy debido precisamente a esa “intervención civil” vigente, un mecanismo que recoge la ley lusa para casos extraordinarios -sólo había sido utilizado tres veces en las últimas dos décadas- en los que se vea afectado el interés público y que permite castigar penalmente a quien no va a trabajar.

Desde las 00.00 horas y hasta hoy a mediodía, la situación en los aeropuertos lusos fue de tranquilidad absoluta y no se registraron cancelaciones, de acuerdo con los datos de la gestora de los aeropuertos portugueses (ANA).

“Por ahora todo normal, ha habido problemas habituales en este sector, como retrasos motivados por el mal tiempo al norte de Europa. Pero exceptuando eso, estamos funcionando con normalidad”, aseguró un portavoz de TAP en declaraciones a medios lusos.

El Gobierno portugués, de signo conservador, relanzó el concurso de privatización de la aerolínea estatal a mediados de noviembre, una venta que los doce sindicatos de la compañía rechazan de plano y que también es contestada por los partidos de la oposición de izquierda en el país.

Para reflejar su descontento con la estrategia del Ejecutivo, convocaron una movilización de cuatro días (27, 28, 29 y 30 de diciembre) en plenas Navidades, un momento de especial importancia para el sector aéreo.

Los gestores de la empresa advirtieron de las pérdidas millonarias que generaría esta protesta y alertaron de su impacto en su imagen de marca.

El Gobierno aprobó en consejo de ministros abrir un proceso de “intervención civil” en TAP para obligar a los empleados a ir a trabajar el pasado 18 de diciembre, y llegó a un acuerdo con nueve de los doce sindicatos el día 24, bajo la promesa de escuchar sus reivindicaciones e incluirlas en el pliego con las condiciones de venta.

Con cerca de 1.141 vuelos programados y 130.000 pasajeros previstos inicialmente para estos cuatro días de Navidades, la compañía sólo recuperó 2.000 de las cerca de 20.000 cancelaciones, lo que le generó pérdidas por valor de unos seis millones de euros, de acuerdo con sus propias cifras.