La huelga del sector público obligará a cancelar miles de citas médicas

Londres, (EFE).- Miles de operaciones y consultas médicas concertadas entre pacientes y el Servicio de Sanidad británico (NHS) serán canceladas o pospuestas por la huelga de empleados del sector público del miércoles, en protesta por los cambios introducidos en el sistema de pensiones, confirmó hoy el Gobierno británico.

En Inglaterra, unas 60.000 operaciones no urgentes, citas médicas, exámenes clínicos y revisiones deberán ser aplazadas como resultado de la medida de fuerza, que secundarán previsiblemente el día 30 más de dos millones de funcionarios.

El NHS deberá optar por suspender o fijar sus compromisos con pacientes para otras fechas puesto que ese día hará un 20 % menos de trabajo si una quinta parte de sus empleados secunda el paro laboral. En Escocia, al menos 3.000 operaciones y miles de citas médicas deberán ser reprogramadas, según estos datos que recogen los medios británicos.

Los hospitales han alertado de esas alteraciones mediante cartas a sus pacientes y han indicado que los cuidados de emergencia no se verán afectados por la huelga. Según el Ministerio británico de Sanidad, se espera que al menos 5.500 intervenciones que no revistan urgencia sean pospuestas. Además, se prevé que más de 12.000 pacientes vean aplazadas sus citas para llevar a cabo pruebas médicas, así como 40.000 consultas.

El NHS señaló que operará por centros de todo el Reino Unido como si se tratara de un fin de semana o una jornada festiva, centrándose en los casos urgentes y de cuidado intensivo de los pacientes más necesitados de atención médica, como los que se someten a tratamiento de quimioterapia o diálisis.

Alrededor de 400.000 enfermeras y auxiliares, paramédicos, fisioterapeutas y empleados de apoyo como personal de limpieza y administrativos se unirán a la huelga en protesta por los cambios introducidos por el Ejecutivo de David Cameron al sistema de pensiones.

El Gobierno de coalición propone elevar la edad de jubilación de forma que los funcionarios ya no podrán empezar a recibir su pensión a los 60 años, aumentar las contribuciones individuales y reducir la cantidad que se cobrará en la jubilación, que pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida laboral, en lugar de con la última remuneración.

 Los sindicatos consideran que esas modificaciones son “injustas” aunque el Ejecutivo las defiende en base al argumento de que son necesarias para mantener bajo el coste del contribuyente puesto que las personas cada vez viven más años.

Según el ministro de Sanidad, Andrew Lansley, “el NHS y aquellos que trabajan para los servicios sanitarios no deberían jamás adoptar medidas que perjudiquen los intereses de los pacientes”. “Esto es particularmente irresponsable cuando continúa habiendo negociaciones con los sindicatos”, dijo hoy el ministro. EFE