Este gobierno asume riesgos increíbles cuando se trata de tomar decisiones que violentan las leyes y la Constitución de la República. Y lo hacen porque se sienten inmune. Piensan que con su poder nadie osará castigarlos, ahora ni después.

El mejor ejemplo de ello fue la escandalosa operación de la Sun Land, hecho histórico que algún día alguien tendrá que pagar. Lo grave del caso es que nadie sabe qué se hizo con la mayor parte de ese dinero.

Ahora se han dado a la tarea de financiar muchas obras públicas sin mediar ningún concurso, a través de la banca comercial, especialmente del Reservas, donde los contratistas llevan una simple copia de sus contratos que endosan al banco, para conseguir el dinero que necesitan, generando con ello una deuda pública astronómica. Eso no se registra en Hacienda como deuda del gobierno y el Banco tampoco lo hace, fomentando así le ilegalidad en todos los frentes. Se estima que ese tipo de financiamiento alcanza unos RD$15,000 millones.

Su deuda con la banca local, que superó los RD$80,000 millones en abril, cuando el acuerdo estaba suspendido, está de nuevo aumentando y ronda los RD$67,000 millones.

El gobierno viola cada semana la ley de combustibles fijando el precio que le da la gana y en función de la conveniencia política del momento.

La aprobación ilegal del presupuesto del 2012 fue tan grave que el propio Congreso se convirtió en un ente moralmente descalificado para reclamarle a nadie que cumpla la ley.

En materia de compras, todas las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a las instituciones públicas muestran cómo se gastan miles de millones pesos en compras sin concurso y muchas sin comprobantes. Son auditorías que podrían llevar a la cárcel a docenas de altos funcionarios de la actual administración, pero todo queda guardado en los archivos. 

Por ejemplo, cómo se explica que la Superintendencia de Bancos se gaste cientos de millones de pesos en compras de canastas para regalárselas a sus empleados, amigos y funcionarios de otras instituciones; o que esta misma institución contrate una encuesta para evaluar la situación política y la posición del candidato del partido en el poder. 

Recientemente el Ministerio de Turismo y Confotur aprobaron por reglamento una modificación a la Ley 158 de incentivos turísticos para beneficiar con exenciones fiscales al polígono urbano de Santo Domingo. Hasta Asonahores respaldó esta ilegal iniciativa, cuando se pudo llevar al Congreso para su rápida aprobación.

La última de las triquiñuelas ilegales de este gobierno fue la colocación de US$250 millones en bonos soberanos que estaban previstos en el presupuesto de ingresos y gastos del 2012 y que despilfarrarán este mismo año. Eso es ilegal y puede llevar a la justicia a los funcionarios que asuman la responsabilidad de esta operación.

Un gobierno desesperado es como un perro con rabia, que puede morder a cualquiera y contaminarlo. Al no contar con el apoyo del FMI, su programación financiera se le vino abajo y tienen que cubrir como sea el diferencial que genera la falta de los ingresos previstos en el último tramo del acuerdo, estimados en unos US$600 millones (RD$23,000 millones)

Eso los obligará a violar otras leyes y compromisos asumidos dentro del acuerdo con el FMI, como la Ley de Capitalización del Banco Central, que de no cumplirla les ahorraría RD$8,000 millones y el incumplimiento del acuerdo de pago a los generadores de electricidad, que ya ronda los US$150 millones sobre los 45 días. Harán lo que sea para buscar dinero desesperadamente y eso es solo para cerrar el 2011.