La situación fiscal del país se deteriora.  Se recurre cada vez más al expediente de pagar deuda con deuda con un costo financiero más elevado. Se gasta en prioridades difusas de poco impacto en la calidad de vida de la gente. Se le rinde culto a la cosa y a la piedra, pero no a la calidad de vida de la gente.  El gobierno anuncia que dispone de 40 mil millones para gastar en campaña política evidenciando un serio problema de la calidad del gasto.

A esto se le agrega los nombramientos de funcionarios públicos, el ejército de subsecretarios de Estado, de funcionarios en el exterior y de las “nominillas” e irracionalidades como que el Congreso dispone de más recursos presupuestario que la justicia, o que aparecen recursos para alquilar aviones a un costo millonario en dólares para los viajes del presidente pero no se consiguen los recursos de educación. Adicionalmente el servicio corriente de la deuda está aumentando, lo que significa sustraer financiamiento al desarrollo.  Todo ello plantea un serio problema de ilegitimidad de gasto.

Al mismo tiempo, el escenario internacional luce complicado, una proyección optimista indicaría una larga recesión y una pesimista señala una depresión, que puede afectar la capacidad de ingresos y gastos del gobierno.

A lo anterior, hay que agregar la baja presión fiscal y el llamado gasto tributario, es decir el monto de las exenciones en pago de impuestos. El desarrollo demanda que el Estado tenga los recursos para gastar adecuadamente y requiere cobrar más impuestos. Pero una gran parte de los dominicanos y las dominicanas (¿quizás la mayoría?) no confiamos en la pulcritud e idoneidad del ejercicio del gasto.

El próximo gobierno tendrá el desafío de aumentar sus ingresos y racionalizar sus gastos, ello implicará una profunda reforma fiscal. Sin embargo, previo a ello tendrá que legitimarse. Tendrá que hacer un vasto ejercicio de racionalidad del gasto dando señales claras de tolerancia cero frente a la corrupción, a la impunidad y a la complicidad que ha caracterizado al sistema político dominicano.

El próximo gobierno tendrá que dejar caer el imperio de la ley frente a los funcionarios que se han apropiado de los recursos ajenos del gobierno que termina y ser implacables frente a los funcionarios que entrarán con el nuevo. El próximo Gobierno no puede tener amigos frente a lo mal hecho, y no puede aceptar el chantaje de los que controlan el Congreso. De lo contrario estarán  condenando a la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas a más miseria y exclusión.  Ese es un gran desafío y tendrá que dar señales claras de racionalidad pública en los primeros meses del gobierno, de lo contrario todos perderemos.