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La República Dominicana no presenta problemas graves de balanza de pagos y mucho menos la posibilidad de caer en default en el servicio de la deuda pública, que son las causas principales para acogerse a un programa con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en vista de la situación de incertidumbre en la economía global, sería conveniente para el país arribar a un acuerdo Stand By con la finalidad de financiar a tasas adecuadas el déficit para el año próximo y de paso reforzar la credibilidad de los mercados y los agentes económicos.
De acuerdo a las proyecciones presentadas por el Gobierno ante el Consejo Económico y Social (CES) los ingresos estimados, sin reforma fiscal, ascenderían en 2013 a RD$329,677 millones y con la reforma, en el mejor de los casos y suponiendo una mejoría importante en la capacidad recaudatoria, podrían ascender a RD$375 mil millones, mientras en esos mismos cuadros se plantea un gasto total (sin amortización de la deuda) por un monto de RD$469,024 millones.
En ese escenario el déficit del Gobierno Central alcanzaría el monto de RD$94 mil millones, equivalente al 3.7% del PIB, pero si se agrega la amortización de la deuda pública, contemplada para 2013 por un monto de RD$63,614 millones, estamos hablando que se necesitarían fuentes financieras por un monto de RD$157,000 millones, poco menos de US$4,000 millones, cuyo mayor porcentaje habría que obtenerlo de los organismos multilaterales (BID, BM y el propio FMI) y nuevas colocaciones de bonos en los mercados de capitales.
Parece difícil que el FMI, en un programa económico dirigido a reducir gradualmente los índices de deuda para fortalecer la sostenibilidad fiscal, acceda a un déficit de esa magnitud, por lo cual las autoridades podrían enfrentar la disyuntiva de no firmar un acuerdo, en cuyo caso se encarecería el costo de los nuevos financiamientos e incluso la imposibilidad de accesar a los organismos multilaterales, o de lo contrario reducir la magnitud del déficit para facilitar un Stand-By.
Es difícil predecir el entorno del déficit que el FMI acordaría con las autoridades, pero suponiendo uno en el orden del 2.5% del PIB, estamos hablando que el Gobierno debería reducir el gasto en RD$30 mil millones, para un total de RD$439 mil millones. Aun con ese recorte los requerimientos para financiar el déficit y la amortización de la deuda alcanzarían la suma de RD$126 mil millones, más o menos US$3,200 millones.
Aparte del déficit del Gobierno Central está el tema eléctrico, y no parece factible que en un nuevo acuerdo con el FMI se incorpore un subsidio para este sector del orden de los RD$43 mil millones, cuando la reforma fiscal va a generar una suma de esa magnitud. Es como si la reforma se hubiese hecho para mantener un subsidio a todas luces insostenible. De seguro, para arribar a un nuevo programa con el FMI, será necesario reducir el subsidio y ajustar la tarifa, quizás en el entorno del 18% que se recomendó en la recta final del anterior Stand-By.
Un acuerdo con el FMI permitiría al país obtener recursos concesionarios del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y del propio FMI, así como también acudir a una nueva emisión de bonos soberanos a tasas similares o menores a la de la última colocación. Por el contrario, pretender financiar un déficit superior al 3.5% del PIB sin contar con un acuerdo con el FMI, elevaría el costo del financiamiento, debilitaría la sostenibilidad fiscal y podría provocar erosión en los niveles de credibilidad de los mercados y agentes económicos.
La presentación del Proyecto de Presupuesto los próximos días brindará la oportunidad de conocer si esta Administración está dispuesta a aplicar ajustes adicionales, en aras de permanecer bajo la sombrilla del FMI y desarrollar un programa dirigido a consolidar la sostenibilidad fiscal, o si por el contrario, en momentos de incertidumbres en la economía global, opta por seguir cebando la bomba del endeudamiento a mayores costos.
