Cada cierto tiempo se propone la necesidad de integrar una agenda fiscal de consenso, con objeto de tratar de destrabar las reformas estructurales pendientes que darían al país mayor estabilidad política y crecimiento económico.

Se ha precisado que lograr esa agenda económica y llevarla a cabo es cada vez más urgente si se quieren realizar cambios para impulsar la competitividad del país, promover la inversión pública y privada, y fomentar la creación de empleos. Así, si bien se pueden aumentar los ingresos públicos a través de una mayor eficiencia en la recaudación, es claro que el proceso de reformas pendientes ha estado bloqueado por divisiones al interior de los partidos y por intereses políticos personales, y no por cuestiones ideológicas o programáticas.

La consolidación de importantes avances en torno a la necesaria reforma fiscal del país exige generar consensos duraderos sobre un tipo de régimen capaz de compatibilizar la estabilidad macroeconómica con las responsabilidades públicas en materia de crecimiento y distribución.

Es evidente que para ello se necesitan una serie de herramientas. Y la primera es el ordenamiento de las finanzas públicas, fundamentada en una política de desarrollo incluyente. El establecimiento de este pacto no sólo debe estar relacionado con el desarrollo nacional, sino ser además realmente ambicioso, opuesto a un mero paquete tributario y basado en la concreción de sus contenidos.

Componentes y objetivo. Un pacto fiscal es un acuerdo específico basado en un conjunto de principios que detalla la forma sobre como un país puede asegurar los recursos que tiene para crear las condiciones que le permitan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. Tradicionalmente, estos acuerdos definen el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, determinando compromisos recíprocos con respecto a sus ciudadanos y ofreciendo una política fiscal de largo plazo con visión de país.

Un pacto fiscal así definido debe necesariamente abarcar cuatro componentes o principios relativos: (1) la promoción de la equidad como responsabilidad de la sociedad; (2) la promoción de la solidaridad (el progreso como sociedad), en donde el progreso colectivo e individual sean complementarios; y (3) el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, permitiendo que el Estado pueda realizar las funciones que se le asignen. Por ello, el objetivo general del pacto fiscal es ser una herramienta de la política desarrollo, al construir un acuerdo nacional que permita repartir los costos de la financiación del Estado y los beneficios del gasto público en forma equitativa y solidaria.

Dentro de sus objetivos, a corto plazo el pacto busca establecer medidas para atender la emergencia actual, esencialmente reduciendo el porcentaje del gasto que se aplica a los intereses de la deuda pública, como forma de tener mayor inversión social e infraestructura. A largo plazo, el pacto busca generar sostenibilidad en las finanzas públicas por encima de varios periodos gubernamentales, estableciendo medidas graduales para el manejo de las finanzas.

Para definir las prioridades del país, un pacto fiscal ofrece la necesaria oportunidad de describir el nivel de importancia y de urgencia de las prioridades.

Debería establecer para qué se quieren los recursos adicionales, definiendo en detalle el aporte para la inversión en educación, salud, infraestructura (agua potable, seguridad energética, carreteras, puertos, y otros), para atender la deuda interna, o para eliminar desajustes fiscales actuales o futuros. Es por eso que para establecer estas prioridades se requiere que el pacto defina con claridad el papel que desempeñará el Estado y el sistema de desarrollo que queremos como país.

Esto implicaría, además, definir claramente cuánto costarán y cómo se concretarán las prioridades definidas y quién y de qué forma va a pagar esos costos que implica (reforma y estructura tributaria, asignación del gasto, administración tributaria y aduanera, cultura tributaria, evaluación de la gestión pública y del gasto público).

Líneas estratégicas. Las líneas estratégicas de un pacto fiscal deben definirse respecto a cinco materias básicas: (1) en materia del gasto público; (2) en materia de ingresos fiscales; (3) en materia del resultado fiscal y sus formas de financiarlo; (4) en materia de la deuda pública; y (5) en materia de la rendición de cuentas, debiendo en cada una de ellas concretarse áreas específicas de operación y acción.

Primero, en materia de gastos, el pacto buscaría precisar sus niveles de inversión en función a una planificación que defina magnitudes y funciones económicas y sociales. Esta estrategia incluye considerar la solidaridad del gasto, la mejora de su impacto, la cultura de la gestión pública, la evaluación de resultados, la transparencia y la incidencia fiscal;

Segundo, en materia de ingresos, el pacto buscaría precisar quién y cómo se pagan los ingresos fiscales especificando cuál va a ser la posible estructura tributaria y su respectiva reforma. Las áreas específicas a determinar tendrían que ver con el tamaño de la carga tributaria, el fortalecimiento de los ingresos tributarios (reformas), la equidad en la progresividad del sistema, y el fortalecimiento de la administración tributaria, el combate a la evasión, la elusión y al contrabando;

Tercero, en materia de resultados fiscales, buscaría precisar cómo se financia el déficit público y cuál debe ser el tamaño que el país puede soportar. Sus áreas principales a resolver serían especificando una programación de pagos de los intereses de la deuda pública y la sostenibilidad del endeudamiento público a mediano y largo plazo para financiar el déficit;

Cuarto, en materia de deuda pública, buscaría precisar cuáles serían el nivel y el uso del endeudamiento adecuado, el costo del servicio de la deuda, la renegociación del principal y las tasas de interés, y la relación entre la política monetaria y el nivel de endeudamiento del país. En cuanto a la deuda externa, el pacto especificaría cuáles serían las posibles áreas sobre el nivel del endeudamiento, el costo del servicio y el uso del endeudamiento externo; y

Quinto, en materia de rendición de cuentas, buscaría precisar la forma de evaluar los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, de la inversión fiscal. De ella, los aspectos a determinar serían la evaluación del gasto, la evaluación del ingreso (cantidad y sistema de cobro); la auditoría en materia de acceso, calidad y oportunidad de los servicios públicos, y el acceso de la sociedad civil a la información, enfatizando los mecanismos para valorarla.

Tradicionalmente, la robustez o fragilidad de las finanzas públicas de un país refleja la fortaleza o debilidad que pudiera ostentar la realización de un pacto fiscal que legitime el papel del Estado y el campo de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social. Por ello, el pacto fiscal forma parte de un acuerdo político de los distintos sectores sociales, mediante el cual parte de la agenda pública es convertida en programas y en políticas públicas.

La capacidad de lograr dicho acuerdo es determinante de la estabilidad y el carácter reformista de la democracia. Más que cualquier discusión de carácter abstracto sobre lo que el sector público debiera hacer, son las políticas públicas las que determinan papeles para el Estado y el gobierno en la estrategia de desarrollo. En consecuencia, dicho acuerdo también debe determinar la cuantía de los recursos públicos requeridos, su origen y las reglas de su asignación y ejecución.

La cifra

25.80% ha sido la tasa de crecimiento promedio de los ingresos fiscales de la economía dominicana entre los años 1987 y 2007. En ese lapso, la presión tributaria (ingresos/PIB) promedió una tasa de 14.39% y la carga tributaria (Gastos/PIB) 15.40%.

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La propuesta
Una propuesta de realizar un pacto fiscal es una respuesta que respondería a la inquietud de los sectores empresariales y laborales de ser transparentes en la generación de un consenso que busque el bien común. La propuesta se fundamentaría en principios generales que orientarían los planteamientos a favor del nivel de bienestar, enmarcados en un sistema nacional de desarrollo transparente y perfectible.

Así, una condición de la viabilidad de un pacto fiscal, se amparará en dos objetivos fundamentales para su consecución: (1) la consolidación de las reformas en proceso, impulsando así un entorno macroeconómico estable; y (2) la promoción de la equidad, que comprometa al fisco a usar eficientemente los recursos y que contemple mecanismos transparentes de acción pública.