En octubre del 2009 las autoridades suscribieron un acuerdo stand-by con el FMI y el programa económico, muy a tono con el paradigma imperante, consistía en una expansión del gasto con la finalidad de estimular la recuperación; sin embargo a partir del segundo semestre del 2010, también en línea con el cambio de paradigma, un ajuste fiscal con la finalidad de reducir el déficit presupuestario del gobierno central.

En la primera carta de intención se establecía que el déficit del gobierno central a diciembre no debería exceder RD$51,500 millones, equivalente al 3.1% del PIB, y un déficit de todo el sector público consolidado de 4.5% del PIB. En la primera revisión a diciembre el FMI otorgó una dispensa debido a que el déficit del gobierno central aumentó en 0.4% del PIB, originado en mayores transferencias a la CDEEE, colocándose en RD$58,000 millones, y en la carta de intención a marzo se estableció como meta un déficit del gobierno central equivalente al 2.6% del PIB y para todo el sector público consolidado en 4% del PIB.

Desde el lunes 2 de agosto la misión del FMI visita el país para efectuar las revisiones correspondientes a marzo y junio, y las metas fiscales del gobierno central eran un déficit de RD$15,700 millones en marzo y RD$30,400 millones a junio. En marzo las autoridades cumplieron la meta con una holgura mayor a los  RD$4,500 millones y a junio los resultados preliminares apuntan al cumplimiento con una holgura de varios cientos de millones.

Las metas fiscales del gobierno central, de no modificarse en la próxima carta de intención, serán un déficit de RD$37,800 millones  a septiembre y de RD$44,300 a diciembre. Mientras de enero a junio el déficit permitido en el programa ascendía a RD$30,400 millones; sin embargo en el segundo semestre debe limitarse a RD$13,900 millones, mucho menos de la mitad que en el primero.

El gobierno, comprometido con no impulsar otra reforma fiscal y habiendo retrocedido en materia de la modificación a la Ley de Innovación y Competitividad Industrial, deberá hacer un fuerte ajuste fiscal que deberá lograrse con una combinación de mejoría adicional en la eficiencia recaudadora y una reducción del gasto.

Una premisa fundamental es el compromiso de las autoridades en el cumplimiento del programa con el FMI, para así mantener abiertas las ventanillas de financiamiento de los organismos multilaterales, seguir mejorando la clasificación riesgo-país y continuar fortaleciendo la confianza de los agentes económicos.

En un escenario donde la política monetaria ha mantenido una postura flexible, los agregados monetarios y el crédito al sector privado están aumentando por encima del producto nominal (PIB real+ inflación), las importaciones creciendo casi un 30%, más del doble que las exportaciones, el ajuste fiscal es conveniente para evitar un sobrecalentamiento de la economía y de no verificarse ese ajuste fiscal, entonces  la política monetaria deberá actuar para evitar el riesgo inflacionario y la depreciación del tipo de cambio.