La Serie Mundial, ni el “Clásico Mundial de Béisbol, y ni siquiera el tema de las elecciones del 2016, deberán concitar tanta atención de los dominicanos como el caso del juicio al Senador por San Juan.

Se trata de una situación de vitales consecuencias para el destino de la justicia y el sistema institucional dominicano, y todo lo demás. Aparentemente, el abrupto enriquecimiento de Bautista no tiene otra explicación que el mal uso de fondos públicos y de diferentes formas de corrupción administrativa.

Pero en una sociedad politizada, clientelizada y corrompida en muchas vertientes, es determinante que no sea la opinión pública, sino las cortes y tribunales competentes, los que resuelvan el tremendo caso. Cuanto menos se contamine o se induzca a la opinión pública a favor o en contra del fabuloso y “caudaloso” personaje, tanto mejor para la sanidad de las instituciones jurídicas operantes y para la estabilidad del país.

Pero de lo que no se deben apartar, ni descuidar un solo instante la opinión y el interés público, es de lo referente a cuidar que los diferentes actores jueguen con toda transparencia legal sus respectivos roles.

Muy mala cosa resultaría que desde el lado de Bautista aparezcan personajes de la política, y expertos en coartadas y chicanerías, encaminando acciones legalistas y obstrusivas.

La sociedad deberá emplearse a fondo en el acompañamiento sobrio y comedido del Ministerio Público, titular por antonomasia de la defensa del interés colectivo. La situación no parece fácil para nadie. Nunca antes hemos presenciado similar choque de facciones políticas conjuntamente con los intereses legítimos del país.

El conflicto se dimensiona porque la llamada oposición no da pie con bola, y ni siquiera se cuadra como quien va a batear. Muchas gentes tienen fundadas dudas de que el caso culmine en un apropiado y justo desenlace.

Pero hay más que creen que el Gobierno y la Procuraduría tienen un empeño serio en demostrar que no todo está corrompido en el país; que disponen de personas valiosas con una considerable consciencia y control sobre lo que atañe al bien común y la administración del Estado.

Mientras unos denostan al Procurador, otros dan pasos firmes en su apoyo. Domínguez Brito es un hombre surgido de lo mejor de nuestra clase media de provincia. Pero a su declarada vocación civilista se le han opuesto duras circunstancias.

Desde la cotidianidad, el caso Francisco Domínguez Brito se parecería al de una madre (la nación) que dentro de tantos hijos descarriados, ha estado mimando alguno de ellos “para que al menos ese le salga bueno”. No pocos confían en Domínguez; no necesariamente para que salve al país mediante alcanzar la presidencia u otra cosa más grandiosa; sino para que en el momento oportuno cumpla con las expectativas que han venido surgiendo en torno a él. Como la que probablemente le toca hacer en estos momentos, seguramente de mayor trascendencia para el bien de su país, que lo que muchos otros no han logrado hacer desde la presidencia de la República misma.