Aunque para algunos podría ser una novedad, los recursos públicos no son para ser apropiados por particulares o para ser utilizados por ellos en provecho propio. En países donde el sistema judicial funciona (los órganos de investigación buscan y acopian pruebas; la policía persigue y apresa; el ministerio público acusa y los jueces condenan) transgresiones que en nuestro medio serían consideradas menores, llevan a políticos y encubridores a la cárcel. Aquí, sin embargo, ningún político ni alto funcionario envuelto en casos importantes de corrupción ha sido apresado, juzgado, condenado y obligado a cumplir la pena.

Lo anterior indica que la justicia en nuestro país no es universal, puesto que no se aplica a todos por igual. Esta impunidad que favorece a los políticos, que se materializa principalmente a través del Ministerio Público, tiene los siguientes efectos económicos:

1. Incentiva fuertemente la corrupción y, por tanto, la mala asignación de los recursos públicos, perjudicando especialmente a los más pobres.

2. Como la corrupción no se sanciona, los partidos y sus socios no solamente aplican su codicia a los ingresos públicos, sino que la extienden más allá, gastando por encima de éstos, lo que produce desajustes fiscales frecuentes.

3. Los desajustes fiscales son siempre resueltos en perjuicio del sector privado y en contra del desarrollo exportador del país, retardándose así las posibilidades de disminuir la pobreza.

4. Se reduce la capacidad emprendedora de los dominicanos, tan necesaria para crear riquezas, pues la corrupción es más rentable, no tiene riesgos y su costo moral es cada día más bajo.

5. Hace mucho más difícil la labor de recaudación de impuestos, pues a nadie le gusta que le quiten recursos para que otro se apropie de ellos o los derroche.

6. Debilita la seguridad jurídica, tan importante para la inversión privada, pues la corrupción termina penetrando todas las instituciones del Estado.

7. Afecta negativamente la libre competencia, pues empresarios recurren frecuentemente a políticos y funcionarios corruptos para favorecerse y competir en forma desleal con sus rivales.

8. Desprotege el patrimonio público, colocándolo a merced de la voracidad de turno.

Pero el mayor de los perjuicios económicos asociados a la impunidad que el sistema judicial garantiza a los políticos, proviene de la incidencia que ella ha tenido en la calidad de nuestra clase política. Al convertir a los políticos en ciudadanos legalmente inmunes, ha estimulado el ingreso a la actividad política de las personas más proclives al delito y ha alejado a aquellas con voluntad de servicio público.

Si los políticos corrieran los mismos riesgos de ir a la cárcel que tiene cualquier ciudadano, la calidad de nuestra clase política mejoraría, nuestro modelo político tendría que cambiar y nuestro modelo económico se podría modificar en consecuencia.

Así como la debilidad del sistema judicial ha sido un factor clave en la permanencia durante décadas de un modelo político incapaz de sacarnos del atraso social, buena parte de nuestro bienestar futuro depende de su fortalecimiento.